Por primera vez el Ministerio de Transportes concentra menos de la mitad de los recursos de la “Ley Espejo” del Transantiago

Por Silvana Celedón y Claudia Ramírez, El Mercurio.

Subsidio al transporte público en regiones para conectividad e infraestructura se ha incrementado 60,9% desde 2010:

En los años previos, el grueso de los dineros los manejaba la cartera que promueve exclusivamente programas relacionados con la materia, como subsidios a los pasajes y transporte público para sectores aislados. En la actualidad, los recursos que transfiere la Subdere a los gobiernos regionales son el 53% del total. Parlamentarios manifiestan una fuerte preocupación por el uso que se les está dando a estos dineros, principalmente los que manejan los gobiernos regionales.

En 2007 Santiago enfrentó un cambio mayúsculo en su sistema de transportes, el Transantiago. Dos años y medio después, y en medio de una acalorada discusión en el Congreso por los recursos públicos que se asignarían a la capital para mejorar el sistema, se acordó destinar un símil de dinero a regiones. Así surgió la ley de subsidio al transporte público, más conocida como “Ley Espejo” (Ley 20.378 modificada en 2013 por la Ley 20.696).

La idea era mejorar el transporte público, la conectividad en distintas zonas del país y financiar obras de infraestructura.

Desde sus orígenes, las regiones reciben dineros a través de dos modalidades, la gestionada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la que transfiere la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) a los gobiernos regionales mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

En 2010, el Ministerio de Transportes recibió casi $162 mil millones para destinar a todas las regiones, salvo la Metropolitana, y a manos de la Subdere llegaron $104 mil millones. Los recursos totales que manejan ambas carteras han crecido 60,9% desde 2010.

Hasta el año pasado, la lógica era que el Ministerio de Transportes concentrara más de la mitad de los dineros, pero esta distribución cambió este año a favor de la Subdere, que recibió $227 mil millones, o sea el 53% del total, según cifras de la Dirección de Presupuestos, Dipres (ver infografía).

En algunos años la cifra entregada por la Dipres es distinta a los recursos ejecutados por Transportes y por los gobiernos regionales (transferidos por la Subdere), dado el efecto de arrastre; es decir, muchas veces la concreción de una obra se realiza con recursos asignados durante el ejercicio anterior.

Tema se abordará en la discusión de Presupuesto 2016

Desde el Congreso aseguran que cuando esta ley se aprobó el objetivo era que ocurriera todo lo contrario: que gradualmente el Ministerio de Transportes fuera adquiriendo mayor protagonismo en la ejecución de estos recursos, de manera que fueran destinados estrictamente a proyectos relacionados con el transporte. Sin embargo, las cifras revelan que gran parte de los recursos regionales se están destinando a obras de infraestructura y no a proyectos de transporte.

Entre varios parlamentarios de distintos colores políticos, de las comisiones de Transportes del Congreso, existe una fuerte preocupación por el uso que se les está dando a estos dineros, principalmente los que transfiere la Subdere a los gobiernos regionales.

El senador Juan Pablo Letelier (PS) y el diputado Javier Hernández (UDI) coinciden en que es clave que el grueso de todos los recursos de la “Ley Espejo” vaya efectivamente al área de transportes.

Reconocen que la norma vigente permite que estos recursos se destinen a obras de infraestructura, como pavimentación de calles, pero advierten que cuando se aprobaron estos dineros el objetivo era priorizar en transportes.

“Las platas están, pero no hay un plan maestro para potenciar la capacidad de transporte en regiones y enfrentar los graves problemas de congestión que hay en muchas ciudades del país”, señala Hernández.

Letelier adelanta que en la discusión del proyecto de Presupuesto 2016 se planteará esta inquietud, de modo de analizar opciones para focalizar más los destinos de estos recursos.

A juicio de Hernández, la solución pasa por traspasar más dineros directamente al Ministerio de Transportes. Además alerta sobre la falta de rendición de cuentas por parte de la Subdere para saber en qué están invirtiendo las regiones.

En regiones defienden los dineros que son administrados por los gobiernos regionales y que destinan a infraestructura vial en lugar de programas netamente de transportes, como subsidios de transporte o conexión de zonas aisladas. En la Región del Maule, por ejemplo, explican que de los cerca de 7 mil kilómetros de caminos que tienen, solo 26,3% está pavimentado. Por esto insisten en que es necesario destinar parte de los dineros de la “Ley Espejo” a la construcción de caminos básicos.

“El Mercurio” consultó a la Subdere por este tema, pero la entidad declinó entregar información región por región y comentó: “Con estos recursos se han financiado y ejecutado numerosas iniciativas relacionadas con mejoramientos significativos de conectividad, modernización del transporte y a partir de la modificación del 2013 (la Ley 20.696) con proyectos de desarrollo regional en cada una de las regiones del país”.

Piden mayor protagonismo al Ministerio de Transportes

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo, reconoce que para aumentar los recursos que administra su cartera es necesario generar un aparato administrativo que cumpla con esta labor y que en 2010 era imposible que esta repartición manejara todas las platas de la “Ley Espejo”. “Va a ir creciendo, pero no estoy seguro de que vaya a ser el 100%. Porque hay otros recursos, por ejemplo, para proyectos de inversión que son aprobados por la región, o el programa de chatarrización de buses, que es el gobierno regional el que decide cuántos recursos destina”, señala.

Pedro Pablo Errázuriz, ex ministro de Transportes, coincide con que los recursos no pueden ser manejados 100% por el ministerio, pero enfatiza en la necesidad de que el Gobierno genere una “capacidad de análisis”, esto es, expertos especializados en el área de transportes que sean capaces de hacer valer su visión ante los gobiernos regionales sobre qué proyectos deberían hacerse. “Es importante reforzar los equipos del Ministerio de Transportes en regiones, tal cual como comenzamos a hacerlo en nuestra administración. Esto, para tener gente conocedora y que defienda proyectos relevantes en el área de transportes”, indica.

Renovación de micros y transporte escolar gratuito

El Ministerio de Transportes destina los recursos para programas que se repiten en casi todas las regiones, salvo en algunas como Magallanes, donde hay un programa para servicios de transporte público en zonas extremas del país.

Los dineros son básicamente para rebaja de tarifas, transporte escolar gratuito, transporte para conectar a personas que viven en zonas aisladas; el programa renueva tu micro, destinado a mejorar la flota urbana vigente; y subsidiar la tarjeta nacional estudiantil (ver infografía).

En cifras del ministerio, el subsidio a la rebaja de tarifas en buses de la locomoción colectiva hoy favorece a cuatro millones de personas. La implementación de 575 servicios de transporte público para sectores aislados beneficia a 400 mil usuarios.

El ministro Andrés Gómez-Lobo asegura que la “Ley Espejo” ha significado un cambio radical que ha permitido aumentar la conectividad y pone ejemplos. “Conectar zonas aisladas, las barcazas en el sur, y el servicio aéreo en zonas aisladas. Y el programa que considero un éxito, el de transporte rural gratuito en zonas aisladas, que ha permitido a 42 mil niños transportarse al colegio y que ha posibilitado que muchos niños, que antes se quedaban internados, puedan volver a sus casas”.

¿Cómo se gastan los recursos en el norte?

En el caso de la XV Región de Arica y Parinacota, los recursos de la “Ley Espejo” han financiado principalmente obras relativas a conservación de rutas (como, por ejemplo, la A-31 que une Arica, Putre y Camarones), mantención de aceras, señaléticas y construcción de pavimentos, calzadas, tranques y puentes. A partir de 2012, el gobierno regional (gore) de esta zona comenzó a destinar recursos para el proceso de chatarrización, un programa netamente del área de transportes que consiste en la renovación de microbuses reemplazando antiguos por nuevos, y esta asignación se ha mantenido en los tres años siguientes, incluyendo 2015.

En Tarapacá, estas platas han ido a parar a la conservación de las rutas A653 y A45, y también a conservaciones de calzadas y aceras, mejoramiento en algunas rotondas y en la infraestructura vial de la costanera de Iquique, y reposiciones de muros costeros. También figura acá un programa especial de renovación de buses, minibuses, trolebuses y taxibuses.

El denominador común en las regiones XV y I es que el grueso de las obras corresponde a infraestructura vial, pero hay asignaciones derechamente a transportes. Distinto es el caso de Atacama, donde todos los recursos van a obras de infraestructura como, por ejemplo, pavimentaciones de calles, construcciones de ciclovías, paseos urbanos y mejoramientos de puentes. En el detalle solicitado no figuran platas a transportes en sí. Desde su gore precisan que los dineros de la “Ley Espejo” están financiando “proyectos que tienen una alta pertinencia en el sistema de transportes regional”. Además destacan la prioridad en ciclovías, como una medida de apoyo al transporte público no motorizado destinada a la descongestión, y adelantan que se han encargado estudios de gestión de tránsito para Copiapó y Vallenar, de modo de ir gradualmente asignando recursos a esa área.

En el caso de la Región de Valparaíso, el grueso de los recursos ha ido a financiar obras con conservación de caminos y construcción de circuitos peatonales.

¿Cómo se gastan los dineros en el sur?

Desde Maule a Magallanes se maneja un pool de proyectos que incluyen la pavimentación de caminos y la reposición de pavimentos, pero también proyectos que se relacionan directamente con el transporte y la conectividad, como el programa de renovación de buses en Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.

En la Región del Biobío, durante los dos últimos años, también se ha realizado un plan en el mismo sentido, de chatarrización, esto es, renovación de microbuses.

En el Maule, el intendente Hugo Veloso precisó que la región cuenta con 54 proyectos de impacto social, entre los que se incluyen la conservación de caminos, pavimentos, reposición de puentes, y la reposición especial de buses, minibuses y taxibuses.