TDLC podría demorar hasta ocho meses en revisar licitación de aeropuerto
Por Marjory Miranda, La Tercera.
Resolución de la Corte Suprema obliga al Tribunal de la Libre Competencia a pronunciarse.
Al menos ocho meses podría demorar el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en revisar el proceso de licitación del aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB), luego de que ayer la Corte Suprema resolviera obligar a dicha instancia a pronunciarse sobre si hay puntos en las bases que no permitan el libre ejercicio de empresas que estén interesadas en prestar servicios no aéreos en ese terminal.
Lo anterior fue calificado como una decisión “inédita” por el abogado experto en derecho económico de Aninat Schwencke & Cía, Javier Velozo, quien también fue ministro del TDLC. Esto, porque la sociedad Transportes Delfos Limitada había solicitado el pronunciamiento de este tribunal en diciembre de 2014, y a comienzos de este año dicha autoridad desestimó abrir un proceso. “Es primera vez que ocurre y, en segundo lugar, pide pronunciamiento sobre una licitación ya adjudicada”, aseguró el profesional.
Velozo también explicó que ahora el TDLC deberá “abrir un proceso de consulta, hacer una comunicación en el diario oficial e invitar a todos los que quieran opinar sobre las cláusulas de la licitación de concesión del aeropuerto, por un plazo cercano a 30 días. Luego, deberá fijar una audiencia pública, en la que todos quienes manifestaron opiniones o aportaron antecedentes puedan intervenir oralmente. Ese proceso, por lo general, dura un promedio de ocho meses, pero puede ser más o menos”.
El abogado añadió que una vez terminado este trámite, el TDCL emite su resolución y ésta debe ser revisada por la Corte Suprema, la que puede tardarse hasta seis meses para dar su dictamen.
La solicitud de Delfos, que fue hecha por el representante de dicha empresa, Patricio de la Fuente, se basó en que, a su juicio, las bases de licitación permiten que las subconcesiones de los servicios, que no son de tráfico aéreo, como el transporte de público a la terminal, se puedan asignar por trato directo y no por licitación pública. Esto, en su opinión, “es contrario a la libre competencia, porque el aeropuerto en sí en un monopolio”.
Opciones legales
El tribunal podría determinar que está todo en orden y que no hay vicios en las bases, o, por el contrario, acoger la tesis de Delfos, señalan entendidos en el tema. Esto último podría gatillar medidas de mitigación en el contrato, independiente de si las bases fueron revisadas por otras autoridades, como la Contraloría. El TDLC por lo general revisa procesos de licitación antes de que hagan los llamados. Los más comunes son de telecomunicaciones, puertos y contratos de municipios para el retiro de basura.
La resolución de la Suprema se conoció un mes antes de que el concesionario Nuevo Pudahuel se haga cargo de la administración del aeropuerto (ver cronología).
El presidente de Copsa, gremio que agrupa a las empresas concesionarias, Juan Eduardo Saldivia, dijo que el proceso “no tendría efecto en el traspaso de administración, pero podría tenerlo en la forma en que la nueva concesionaria tenga que relacionarse con los prestadores de servicios que realizan terceros. Hay que esperar lo que diga el TDLC”.
Añadió que la situación es nueva y la autoridad “deberá hacerse cargo a futuro, para evitar riesgos”.
