Nuevo fracaso en licitación para urbanizar campamento más grande de Chile
Por Mauricio Silva, El Mercurio.
No hubo oferentes para hacerse cargo de loteos y diseños de ingeniería:
El asentamiento, llamado Manuel Bustos y ubicado en Viña del Mar, se inició con unas pocas carpas hace 20 años. Hoy cuenta con más de mil viviendas sin red de agua potable ni alcantarillado. Tampoco hay alumbrado público ni locomoción colectiva.
Todo partió hace 20 años con inmigrantes del sur que, al no poder enfrentar los costos de los arriendos del Gran Valparaíso, instalaron carpas en un cerro de Viña del Mar. Hoy son 1.035 viviendas que se extienden por 55 hectáreas, en las que se agrupan 950 familias.
Al campamento Manuel Bustos, el mayor asentamiento irregular del país, lo circunvala la avenida La Luna, que marca el límite con el monte. Además de casas de madera y calles de tierra, hay alguna panadería, una modesta plaza y una cancha de fútbol construidas por los vecinos. Pero no cuenta con red de agua potable ni alcantarillado, ni alumbrado público; no hay consultorios ni colegios, y sobre las rústicas calles (las principales trazadas por maquinaria vial que gestionan los dirigentes) no hay asfalto ni locomoción colectiva (salvo unas camionetas que operan como colectivos pirata).
Grandes surcos dejan las precipitaciones en avenida La Luna que, cuando llueve, se convierte en un lodazal en pendiente, imposible de subir para el camión aljibe municipal que dos veces por semana llena los estanques de las casas.
“Podemos estar hasta 10 días sin agua potable. No nos queda más que abastecernos de la misma lluvia”, señala Eliana Peralta (30), que vive junto a su esposo y dos hijas de 7 y 2 años en calle Colombia, de villa La Pradera.
Lo propio pasa con el camión de la basura. Cada vez que llueve y el campamento queda aislado, aumentan los vertederos clandestinos.
El año de la esperanza
De acuerdo con un convenio del Ministerio de Vivienda y el Gobierno Regional, el campamento debía estar urbanizado hacia 2018, beneficiando a 950 familias (no se incluye a quienes llegaron después de 2013).
Pero el miércoles pasado, los habitantes recibieron una mala noticia: por segunda vez fracasó la licitación para que, por $325 millones, consultores se encargaran de lotear los terrenos y hacer los diseños de ingeniería para extender redes de servicio básicos y vialidad. Un primer llamado que el municipio realizó por encargo del Serviu ya había sido declarado desierto el 17 de junio.
Pese a las quejas de los 21 comités vecinales, que reclamaron al municipio haberse retrasado en la licitación, para el director del planificación del municipio, Miguel Abumohor, hay otras razones que explican este traspié. Rectificar deslindes, cuando hay superposición con terrenos privados, y extender la zona de concesión de la compañía de agua potable son trámites engorrosos que desalientan a los privados y, a su juicio, debieron haber sido despejados previamente. “Serviu es el propietario de la mayor parte de los terrenos y le correspondía haberlo hecho”, asevera.
Preocupación en vecinos
Para evitar nuevos retrasos, mientras se lleva a cabo una tercera licitación, ese servicio encomendará a sus propios profesionales avanzar en la subdivisión del lote de su propiedad y presentar los planos respectivos a la Dirección de Obras Municipales.
Pero para el director del Serviu en la V Región, Nelson Basáez, otras dificultades han sido más relevantes para que la meta original para lograr la urbanización del campamento se postergue un año: la subestimación de su costo originalmente previsto.
El plan, iniciado en 2013, contemplaba $25 mil millones para urbanizar 45 de los 176 campamentos de la V Región, que concentra un tercio de los asentamientos irregulares del país. La quinta parte estaba destinada al campamento Manuel Bustos. Considerando su topografía, solo urbanizar este asentamiento implicaría invertir $12.300 millones. “Hubo que rehacer el convenio y eso significó un año de trabajo”, señala Basáez.
El retraso causa desazón en los habitantes del campamento, como el obrero Cristián Tirado (30), que cada día debe caminar por lo menos media hora antes de poder tomar locomoción, o en Fabiola Ahumada (35), que teme cuando debe salir de noche en la oscuridad con su hija enferma y que ya decidió aceptar un subsidio para irse del campamento.
Para la vocera del campamento, María Medina, la situación del Manuel Bustos se vuelva cada vez más compleja: las casas abandonadas por quienes emigran son vendidas a nuevos residentes, pese a carecer de propiedad sobre el terreno.
