Vivir en el hacinamiento
Por Myriam Bustos Verdugo, La Tercera.
El fin de semana, 35 familias, la mayoría inmigrantes, fueron desalojadas de un edificio en Santiago. Una de las razones que dio la municipalidad fue que el lugar presentaba fallas en el sistema eléctrico. A pesar de ello, estas viviendas son las únicas en las que muchas familias pueden vivir.
Sentados frente al cité Ayllavilú, ubicado en General Mackenna, Santiago, un grupo de inmigrantes peruanos ven, con preocupación, cómo la entrada del edificio en donde vivían hasta el sábado, está cerrada con candado. Ese día, 35 familias, la mayoría de ellas inmigrantes, fueron desalojadas del recinto.
Jaqueline Escobar (45) llegó hace 11 años a Chile. Hace seis vivía en este edificio junto a su prima. Según ella, “el arriendo salía al rededor de $ 100 o $ 150 mil. Se lo pagábamos a una persona que subarrienda. Jamás hemos sabido quiénes son los dueños del edificio”, indica.
Jaqueline, por ahora no tiene un lugar donde ir, sólo un subsidio por dos meses, entregado por el municipio, para arrendar en otro lugar, el que alcanza los $ 120 mil. Sus cosas fueron llevadas a un centro de acopio por la municipalidad.
Desde la alcaldía señalaron que la decisión de desalojar el inmueble se tomó luego de que un informe de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), señalara que las instalaciones eléctricas eran un peligro para la integridad de las personas. En cuanto al resto de los edificios que sufren este tipo de problemas, señalan que no pueden intervenir, ya que son lugares que pertenecen a privados.
El hacinamiento es otra de las razones que llevó al municipio a tomar la medida. Señalan que muchos de los migrantes que viven en la comuna, habitan en condiciones precarias y tienen dificultades para encontrar viviendas.
Cuadras más abajo del edificio Ayllavilú, en la calle Esperanza, cerca de la Alameda, hay otro cité con problemas.
El segundo piso de la casa está inclinado. En el living hay dos lavadoras de ropa y un refrigerador. Viviana (21), cuenta que una de las máquinas pertenece a una de las personas que vive en el inmueble, mientras que la otra es de su familia.
Ella y Max (28), llegaron hace 11 años al país. Ambos viajaron desde Perú, ya que “la situación estaba mala allá”, relata Max. La pareja vive en una de las piezas del cité, junto a sus dos hijas y la tía de Viviana. Con ellos, son 13 las personas que comparten esa casa, repartidos en las cinco piezas.
Hay un solo baño. Para usarlo, se deben organizar, “lo mismo para lavar la ropa. Como no podemos enchufar todo al mismo tiempo, nos turnamos por día”, señala Max.
En la pieza de la pareja hay dos camas, una mesa, televisor, utensilios para comer y un microondas. En ese pequeño espacio, viven los cinco. El lugar se lo arriendan a un chileno, que les cobra 75 mil pesos.
La poca privacidad y espacio son factores relevantes para buscar otro lugar donde vivir. Además, Viviana tiene ocho meses de embarazo, y la seguridad es otro tema que les preocupa. “La electricidad es peligrosa. En cualquier momento se podría iniciar un incendio. Además, sólo tenemos un salida, que son las escaleras, si se queman, nos quedamos atrapados”, señala Max. Desde la municipalidad cuentan que, en general, las instalaciones eléctricas de este tipo de viviendas, están en malas condiciones o terminan sobre cargadas, ya que están hechas para las necesidades de una familia.
Fuera de su hogar, Max piensa en el desalojo que sufrieron algunos de sus compatriotas. “Si lo hicieron fue porque era peligroso, por un lado está bien. El problema es que las personas quedan en el aire. El municipio debería encuestar y ver cuál es la condición en cada lugar y ver si las personas pueden postular a algún subsidio”, agrega.
Sobre esto, Rodrigo Sandoval, jefe del Departamento de Extranjería, indica que “los inmigrantes, ahora, tienen que tener residencia definitiva para poder acceder a subsidios de arriendo, no como antes, que tenían que tener cinco años de permanencia definitiva”, indica. A pesar de esto, explica que en el país no existe una política dirigida hacia la población extranjera en materia de vivienda, y que “acceden a los programas de vivienda en la medida en que se encuentran dentro de los parámetros de vulnerabilidad y la normativa en general considerada para que las personas puedan acceder a una vivienda”.
En cuanto a la situación de los inmigrantes y el hacinamiento, el municipio indica que hay una preocupación respecto a la situación, no sólo de inmigrantes, sino que también de nacionales que viven en condiciones de hacinamiento o riesgos en sus viviendas, por lo que trabajan con el Minvu y otros municipios. Así ya nació el subsidio preferente para personas de Cité.
