Inmobiliaria Marina Arauco interpondría acciones penales en próximos días
Por María Marañón, Diario Financiero.
La sociedad acudirá a la Corte Suprema si la instancia previa no resuelve a favor del proyecto.
La batalla legal que lidian Marina Arauco y la Municipalidad de Viña del Mar, después que esta última caducara el permiso de construcción de la ampliación del centro comercial, sigue sumando hitos.
Juan Carlos Manríquez, abogado de Inmobiliaria Mall Marina Arauco -cuyos socios son Ripley, Parque Arauco y Cencosud-, explica que en este proceso no descartan ninguna vía de defensa, “incluso las acciones penales están en la mira”, las que se “podrían llevar a cabo dentro de los próximos días”.
Según explicó, esto iría contra acciones que pueden configurar delito funcionario.
Tras la decisión del municipio en junio, la empresa recurrió a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde se espera que el fallo se conozca en los próximos tres o cuatro meses. En un escenario desfavorable, la firma tiene claro que irá a la Corte Suprema, lo que podría extender la causa por hasta ocho meses.
“Si la Justicia falla en derecho, los actos reclamados deben anularse y deberíamos terminar nuestra obra”, dice Manríquez.
Consultado sobre la posibilidad de presentar una segunda solicitud para terminar la construcción, el abogado se mantiene cauto: “Veremos el avance del proceso y qué hacen los reclamados, tanto en la Seremi de Vivienda, como en la municipalidad. Los miramos de cerca”.
Informes en derecho
Marina Arauco ha presentado tres informes en derecho ante la Corte de Apelaciones para respaldar su posición. Estos fueron redactados por Olga Feliú, Jorge Bermúdez y Urbano Marín, donde aducen ilegalidades en las resoluciones de los organismos que fallaron durante el proceso.
Por ejemplo, apuntan contra el pronunciamiento de la Contraloría General de la República, que ratificó la ilegalidad del permiso, lo que calificaron de “improcedente”, dado que eso sólo le corresponde a un juez.
El informe de Bermúdez, junto con lo anterior, concluye, además, que este pronunciamiento es “extemporáneo, porque ya no procede la invalidación del permiso otorgado en 2000” y que la Contraloría no está facultada para disponer la invalidación o ilegalidad de un acto administrativo vigente.
El informe elaborado por Feliú agrega, entre otras conclusiones, que la orden dictada por la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, al director de Obras Municipales, para que certifique la caducidad del permiso, es ilegal porque se encuentra fuera de la competencia de la edil.
El tercer documento en derecho, de Urbano Marín, agrega que los actos para hacer efectiva la caducidad del permiso “pueden ser impugnados mediante reclamos, recursos y acciones”.
El centro comercial, ubicado en calle 14 Norte, se encuentra paralizado con 95% de la obra construida.
El permiso original es de 2000, pero dos años después entró en vigencia un nuevo Plan Regulador en la ciudad, que -en términos simples- provocó que las obras autorizadas en un principio, quedaran fuera de las restricciones que impuso la nueva regulación.
