Regulación de las sanitarias en revisión
Por Francisco González G., La Tercera.
[modificacion] La regulación de la industria sanitaria cumplió un cuarto de siglo, y ya comienzan a aparecer las voces que solicitan una revisión del marco que rige al sector.
A comienzos de los años 90 el sector sanitario chileno se preparaba para una de sus más grandes transformaciones, que cambiaría de manera definitiva el rostro del sector.
La Ley de Servicios Sanitarios de 1989 y la de 1990, que creó la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) sería un paso clave para el cambio, el que se consolidó en 1998, luego que Esval se convirtiera en la primera empresa sanitaria cuyo control pasaba a manos de privados.
A más de dos décadas de aquella regulación, y con una industria que presta servicios a cerca de cinco millones de clientes, surgen dudas respecto de la necesidad de revisar el marco que rige al rubro acorde a las nuevas necesidades. La primera en plantear dicha tesis fue la propia superintendenta de la Servicios Sanitarios, Magaly Espinosa.
“Han transcurrido 16 años desde la última reforma legal del marco regulatorio realizada en 1998, y de la incorporación de capital privado al sector, materializada con la licitación de paquetes controladores o concesión de derechos de explotación, entre los años 1998-2004”, dijo Espinosa en el “Informe de Gestión del Sector Sanitario 2014”, aparecido en julio del presente año.
Espinosa señala en dicho texto que dentro de los puntos que se deben tener un cuenta para realizar una actualización del sistema están: la problemática de las sanitarias pequeñas “que no pueden mantener calidad de servicio”; la escasez hídrica que enfrentan varias concesionarias; la participación “creciente” de las empresas en “negocios no regulados”; los bajos niveles de reposición de infraestructura; la complejidad del proceso de fijación de tarifas con base al concepto de empresa modelo que inicia su operación; la falta de mecanismos de participación ciudadana explícitos; y la forma de resolver el financiamiento de nuevas inversiones sin afectar significativamente las tarifas.
“Todos estos son aspectos que se muestran deficitarios en el actual marco normativo y se hace necesario actualizarlo para que dé cuenta de la nueva realidad y responda a las expectativas de los usuarios”, sostuvo Espinosa. Agregó que la SISS se ha planteado “proponer las modificaciones legales y reglamentarias que nos permitan como país disponer de un marco regulatorio moderno”.
Desaladoras
Otro desafío que enfrenta el sector es la gestión del recurso hídrico, principalmente en las zonas deficitarias en el país.
En ese sentido surge la opción de instalar plantas desaladoras, con un énfasis desde la Región de Valparaíso al norte. En ese sentido fue la propia Presidenta Bachelet, quien en marzo anunció un plan para enfrentar la sequía por unos $ 105.000 millones, iniciativa que contempla la construcción de plantas micro desaladoras en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Maule y el Biobío.
Sin embargo, la superintendenta puso una interrogante respecto de esta iniciativa, y el efecto que tendrá en las cuentas finales a usuarios. Espinosa sostiene que el actual marco regulatorio establece fijación de tarifas de autofinanciamiento para las empresas, lo que implicaría que la mayoría de los costos se traspasen a ciudadanos.
“ El actual mecanismo de subsidio focalizado a las familias vulnerables, no permite mitigar este impacto en monto ni en cobertura. El desafío actual es definir el modelo de financiamiento y el rol de las empresas concesionarias, que permita mitigar el impacto en tarifas a los usuarios”, afirmó.
En el sector privado miran con cierta inquietud los eventuales cambios.
