Un cuarto de las comunas no cuenta con plan regulador, y solo el 34% del total está vigente

Por Manuel Valencia, El Mercurio.

Gobierno y especialistas advierten que es necesario abreviar procedimientos para aprobar las normas regulatorias:

En promedio, los instrumentos datan de 2002 y demoran hasta siete años en ser aprobados, por lo que nacen obsoletos. Ministerio de Vivienda prepara decreto.

La pequeña comuna de La Cruz, ubicada entre Quillota y La Calera, está experimentando un profundo cambio de perfil. Hasta hace cinco años, la localidad se caracterizaba por concentrar viviendas de uno o dos pisos y extensas superficies agrícolas de paltas, tomates y hortalizas. Pero en 2010, la municipalidad autorizó la construcción de los primeros edificios con 157 departamentos. A ellos se sumaron otros 80 en 2011. Y en el futuro, más desarrollos inmobiliarios anticipan su llegada, debido a la continuidad territorial de la zona con sus comunas vecinas y la probable extensión del metrotrén a La Calera, que atravesaría por pleno centro de La Cruz.

Sin embargo, La Cruz no tiene un plan regulador que le permita controlar las alturas de los edificios que ahí se construyan. Tampoco si se edifica una industria junto a un área productiva o si se resguardan terrenos para futuras vialidades, áreas verdes o zonas residenciales futuras.

La situación de La Cruz la comparten otras 84 comunas que no tienen plan regulador. En total, son el 25% de los 346 municipios sin instrumentos de planificación. De ellos, 75 están en formulación, aunque 34 han desistido del trámite.

No es lo único. Según una nueva herramienta implementada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que permite conocer en forma actualizada el estado regulatorio de cada comuna, de las 261 que sí tienen plan regulador, solo 117 (el 34% del total) tienen sus normativas vigentes. Otras 144 (42%) las tienen en modificación.

“El riesgo que enfrenta una comuna es crecer por la suma de loteos desconectados, al no reservar vialidad, áreas verdes y equipamientos, lo que es un desastre para la calidad de vida urbana y el sistema de transporte. Además, se pueden levantar torres o industrias al lado de casas o barrios residenciales en zonas sin suficiencia de equipamientos”, señala el urbanista de la consultora Atisba, Iván Poduje.

La apreciación no la comparte el jefe de la división de desarrollo urbano del Minvu, Pablo Contrucci: “Las 85 comunas que no tienen plan regulador corresponden al 6,4% de la población. Y eso es porque ha sido más prioritario sacar los planes en comunas con más intensidad de uso. De todas formas, es obvio que tenemos un problema con la velocidad de la actualización. Los planes son complejos. Además de los factores técnicos, tienen componentes políticas que los retrasan”.

En promedio, se estima que los planes reguladores demoran siete años en aprobarse, por lo que nacen obsoletos en relación a la situación actualizada de la comuna que regulan. Ese plazo excede los cuatro años que dura una administración municipal, lo que obliga a comenzar de cero con nuevos ediles.

Para Javier Hurtado, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, “el tema de los planes está en crisis. Es demasiado lenta la aprobación en función del desarrollo. No están convergiendo las velocidades, y tenemos que buscar un sistema más expedito. Los tiempos actuales liquidan a los inversionistas”.

Además, dice que los instrumentos no tienen la facultad de enfrentar la escasez de suelos y reservarlos por 30 años, como sucede en Canadá o Australia.

Luis Eduardo Bresciani, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano e investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus) de la UC, complementa que, incluso, es “engorrosa y cara” la actualización de los planes. “Requiere el mismo procedimiento y estudios para hacer uno nuevo. Para ajustar una manzana se necesita el mismo procesamiento y estudios de toda la comuna. Solo unos pocos municipios con recursos tienen profesionales para mantenerlo actualizado con modificaciones periódicas y menores, que no impliquen debatir sobre la comuna completa, lo que lo mantienen siempre vigente”. Añade que la participación ciudadana actual es “tardía, mala, y técnica para la comprensión de los vecinos, lo que crea temores”.

Iván Poduje advierte otro inconveniente en el sistema actual: “A los planes reguladores les falta inversión pública. Sin ella, pueden terminar como bonitos dibujos que no se concretan”.

El problema, de todas formas, ha experimentado un cambio notorio en la última década. Según un diagnóstico elaborado por el Minvu en 2002, sólo el 22% de las comunas tenía algún instrumento de regulación. Así, se determinó crear un fondo de apoyo para que las comunas financiaran los estudios conducentes a los planes.

Por otra parte, hoy se trabaja en una estrategia que apunta a agilizar la aprobación. Pablo Contrucci adelanta que el Minvu está afinando un decreto que establecerá una etapa temprana de la participación ciudadana, con el objetivo de evitar que los instrumentos sean rechazados por falta de conocimiento en una etapa tardía. “Eso, además, viene en las normas de transparencia de suelo anunciadas por la Presidenta y permitirá dinamizar toda la actualización de los planes”.

Costo
La elaboración de un plan puede costar desde $80 millones a $250 millones, según los estudios que incluya. TransparenciaLa comisión Engel recomendó mejorar el acceso a la información de los planes. “Esto va a permitir que la ciudadanía conozca las modificaciones que se hacen diariamente en nuestras ciudades, y poder generar mayor injerencia en las decisiones que se toman”, afirma la ministra de Vivienda, Paulina Saball.

El consejo de Desarrollo Urbano trabaja en la formulación de una propuesta para agilizar la aprobación de los planes reguladores.