Inician plan de arriendos que regulariza 5.000 tomas irregulares en la costa de Atacama

Por Manuel Valencia y Alejandro Núñez, El Mercurio.

Este lunes comienza la inscripción de las solicitudes de alquiler en la zona de Flamenco:

Urbanistas señalan que se debe ejecutar con criterios de focalización y seguridad. Vecinos dicen que tras el alquiler se les abre la opción de urbanizar, para luego comprar las viviendas.

Hasta 1850, el sector de Puerto Viejo en Caldera fue el antiguo puerto de Copiapó. Pero la construcción del primer ferrocarril de Chile, que unió Caldera y Copiapó, terminó por acabar con su vocación portuaria. Sus aguas turquesas y su plaza acabaron deparándole un destino turístico que supieron apreciar familias vulnerables y de clase media de Copiapó.

En búsqueda de lugares para “salir de la sequedad”, desde los 70 fueron instalándose irregularmente en la bahía más grande del balneario, hasta constituir un particular pueblo que funciona como tal en verano y acoge a unas 2.000 casas de material ligero, que son segundas viviendas de muchas familias que sí son propietarias en Copiapó.

Esta situación, además de ser ilegal, ha terminado por deteriorar al sector, con sistemas “hechizos” de aguas servidas y disposición de basura. Y no es un caso aislado: Puerto Viejo es uno de 13 sectores que tienen 5.000 tomas costeras en Atacama, según un catastro realizado el año pasado por el Ministerio de Bienes Nacionales.

Pese al deterioro medioambiental, turístico y sanitario, en 30 años ningún Gobierno ha logrado erradicar a las familias. La administración anterior anunció en 2011 la demolición del asentamiento, pero la férrea oposición de los vecinos terminó por frenar la idea. En el Gobierno actual se dio un giro, y se optó por regularizar las tomas costeras, como Puerto Viejo, a cambio de un pago mensual de arriendo por parte de comités de familias.

El ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, explica que “en los territorios en los cuales la normativa lo permita, contemplamos normalizar la ocupación a través del arrendamiento de macrolotes que se constituyan en personas jurídicas de carácter funcional para arrendar un terreno a un colectivo de familias”.

Estos alquileres (cuyo precio se estimará tras la tasación del inmueble a arrendar según superficie, cercanía de centros urbanos, conectividad, etc.) comenzarán a materializarse mañana con el inicio de inscripciones de solicitudes de arriendo para regularizar estas. La primera de ellas será la del sector de Flamenco, en Chañaral. Ahí son cerca de 500 vecinos los que accederán a la modalidad.

“Es maravilloso lo que le pasa a Flamenco para que de una vez por todas se normalice el tema del arriendo de los terrenos”, dice Nilsa Guzmán, presidenta de la junta de vecinos n°19 de Flamenco. Añade que el gran sueño de los vecinos es la compra de los terrenos, lo que se ve factible con los arriendos.

El urbanista de la consultora Atisba, Iván Poduje, afirma que el modelo “valida y regulariza un asentamiento informal sin obras de urbanización adecuadas, en un borde costero que puede ser afectado por oleajes, o incluso un tsunami. Se supone que ya no repetiríamos este tipo de políticas que tantos costos sociales han generado producto de los desastres naturales. ¿Qué pensarán las miles de familias sin casa que postulan a programas oficiales cuando vean que el Estado valida ocupaciones irregulares de balnearios y segundas viviendas? Es muy injusto y realmente inexplicable”, afirma.

Para el urbanista y decano de la Facultad de Arquitectura de la U. del Desarrollo, Pablo Allard, “las tomas de terrenos en el litoral son un problema que da cuenta de la incapacidad de las autoridades por enfrentar a tiempo una situación que hoy es más difícil de resolver. Se debe hacer un registro riguroso que precise cuáles de esas viviendas son residencias permanentes y cuáles son de uso ocasional, de manera de privilegiar la entrega de subsidios para los que no tienen otra opción de residencia”, afirma.

El presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Luis Eduardo Bresciani, sostiene que la concesión en el borde costero puede ser un buen mecanismo para regularizar, “siempre que se haga en función de planes reguladores, se urbanice adecuadamente y se impida la ocupación de zonas de riesgo. Además, se debe garantizar la equidad de estos beneficios, evitando dar señales que premien a los que toman ilegalmente los terrenos”, afirma.

147
mejoras realizó el Gobierno tras desalojar los sectores de Las Machas, Ramada y en Bahía Inglesa.

5.000
ocupaciones irregulares detectó el catastro instruido por el Ministerio de Bienes Nacionales el año pasado

Cinco
años durarán los contratos de arriendo que se firmarán con los grupos de vecinos con personalidad jurídica.

 AccionesFiscalizaciones Las nuevas ocupaciones serán denunciadas, para su desalojo. Lo mismo les ocurrirá a quienes no adhieran al alquiler.

Autodestinaciones El Gobierno estudia áreas del borde costero que puedan adquirir el estatus jurídico de territorio autodestinado. Con ello se les entregará protección ambiental, patrimonial o estratégica a los sectores.