Alcaldes apoyan movilización en las comunas que verán postergados nuevos hospitales
Por Mauricio Silva y Juan Castellón.
Se muestran sorprendidos por recortes presupuestarios:
Anuncian cortes de la Ruta 68 en Casablanca, banderas negras en Quillota y un eventual paro portuario en San Antonio.
Una reunión en la sede de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos sostenían, al cierre de esta edición, organizaciones de Casablanca para programar movilizaciones de rechazo a la postergación de la construcción del hospital a causa de las restricciones presupuestarias del Ministerio de Salud.
“No me cabe duda de que la única forma de hacer cumplir los compromisos será reiniciando las tomas de la carretera”, dijo el alcalde Rodrigo Martínez. “Es impresentable que de un minuto a otro se retiren del presupuesto los $7.345 millones para el nuevo hospital”, dijo, y recordó que la construcción fue ratificada en los dos últimos mensajes presidenciales del 21 de mayo.
En la V Región están también siendo postergados el hospital Claudio Vicuña de San Antonio ($63.340 millones) y el biprovincial Quillota-Petorca ($104 mil millones), además de la segunda etapa del Gustavo Fricke, en Viña del Mar.
Los trabajadores de este último centro asistencial iniciaron un paro de protesta y ayer marcharon hasta el municipio. “Enviaré una carta a la ministra de Salud para que deje de cortar la cola a los proyectos de la región”, les dijo la alcaldesa Virginia Reginato.
Los senadores Ricardo Lagos (PPD) y Francisco Chahuán (RN) y los diputados por San Antonio, Víctor Torres (DC) y María José Hoffmann (UDI) se comprometieron a rechazar el presupuesto de Salud si no se reponen las partidas para estos hospitales. Dijeron que los alcaldes y la comunidad movilizada preparan banderas negras en Quillota y un paro portuario en San Antonio.
Médicos renunciados en La Serena ya suman 73La crítica situación que mantiene sin atención a los pacientes del hospital San Juan de Dios de La Serena se agravó ayer con nuevas renuncias de médicos. Si esta semana comenzó con 68 profesionales que dejaron sus cargos, ayer la cifra aumentó a 73 facultativos que no están dispuestos a continuar en el recinto asistencial, si el Ministerio de Salud no repone las glosas presupuestarias para licitar el Centro de Diagnóstico y Terapéutico (CDT) que reconvertirá la ex cárcel en remozadas instalaciones clínicas.
El proyecto de $57.800 millones amenaza con paralizar el hospital, ya que a partir del 1 de diciembre se materializarían otras 16 renuncias que dejarían sin operación a las UTI, UCI y las áreas de ginecología y obstetricia.
La medida de presión, apoyada por el 90% de los funcionarios, deja por jornada unas mil atenciones policlínicas sin materializarse, más 40 cirugías aplazadas y 3 mil exámenes cancelados.
Los médicos renunciados también desestimaron el ofrecimiento de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), quien se comprometió a aportar parte de los $7.800 millones que se necesitan para concretar la licitación.
