Essbio: “El delito lo cometen tanto particulares como empresas”
Sanitaria que opera en las regiones VI y VIII contrató a Alto que combate el robo en el retail- para frenar estos delitos.
La empresa sanitaria Essbio, que opera en las regiones del Biobío y O’Higgins, enfrenta el tema del hurto de agua en conjunto con la empresa Alto, que se ha dedicado durante años a combatir, con éxito, la merma en el retail.
Durante el 2014 y 2015, han judializado 210 casos de hurto de agua en tres regiones (VI,VII y VIII) y comentan que con esta alianza llevan una campaña comunicacional para evitar este desvío de agua.
De manera oficial, la empresa asegura que el hurto de agua potable asciende a 10.000.000 metros cúbicos anuales, lo que equivale a 10 mil millones de litros de agua. “También se puede afirmar que el hurto de agua es un delito que cometen indistintamente tanto particulares como empresas especializadas”, asegura la compañía.
Según cifras de la sanitaria, la intervención más frecuente es la alteración de los medidores, lo que corresponde a casi la mitad de los casos. “Un 40% de los casos es por medio de la intervención del medidor, le siguen las descargas clandestinas con 34% y la siguiente más común, es la de descarga directa que ocupa el 15%”, aseguran desde la compañía.
Respecto a las medidas que están tomando para evitar estas prácticas, desde Essbio plantean que están gestionando la recuperación de 2.500.000 m3 anualmente, por concepto de hurto de agua, lo que equivale al consumo anual de 14.880 viviendas. Además, durante el 2014 a través de su alianza con Alto -empresa encargada de abordar esta problemática- se georeferenciaron los sectores donde más delitos se comenten, lo que permite enfocar los esfuerzos.
En relación a las herramientas legales que existen para poder evitar este delito, desde Essbio comentan que se ha logrado judicializar diversos casos respecto usuarios que se abastecen de forma ilícita a la red de agua potable y alcantarillado.
“La forma habitual de terminar estas causas es a través de salidas alternativas al juicio, tales como acuerdos reparatorios o suspensiones condicionales; instándose a los infractores a regularizar su situación sanitaria”, complementa, y añade que, paralelamente, “las penas a las que se pueden enfrentar quienes cometen dichos ilícitos son en muchos casos privativas de libertad, pudiendo alcanzar los 540 días de presidio y multas de 20 UTM; las que superan los $880.000”.