Recintos y vías públicas deberán ser adaptados para discapacitados
Por: Sebastián Sottorff.
Ministerio de Vivienda elabora cambios normativos para dotar de completa accesibilidad a diversos espacios: “Cuando se piensa un proyecto para todos, sin barreras, dan ganas de ir. Dan ganas de estar en ese lugar y, sobre todo, dan ganas de cuidar estos espacios”. Eso dice Isabel Córdova, presidenta del consejo comunal para la discapacidad de Mulchén, cuando habla acerca del parque Quinta Venecia, un espacio que, afirma, le “cambió la vida a ella y sus vecinos”.
Esto, porque no solo se recuperó un área históricamente abandonada de esa ciudad del Biobío, sino también porque le permitió acceder sin problemas a una plaza en la que, incluso, puede jugar, pues Córdova lleva décadas sobre una silla de ruedas.
En Chile hay cerca de dos millones de personas con habilidades diferentes. Y pese a que desde 1994 diversos edificios y espacios públicos tienen que contar con rampas y otras medidas que faciliten la accesibilidad, lo cierto es que en la práctica eso no siempre se cumple.
Según un estudio del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), de las 800 oficinas estatales que atienden público en el país, 138 tienen estándares mínimos de accesibilidad, 44 requieren ajustes menores y 546 no son accesibles. Las 72 restantes cumplen totalmente con la norma.
En ese contexto, el Ministerio de Vivienda (Minvu), como parte de su agenda de inclusión, prepara una modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para que todas las instalaciones del Estado o recintos privados de carácter público -que se vayan a construir o ya estén implementados-, incorporen nuevos estándares de accesibilidad, como rampas, ascensores y otras disposiciones.
En concreto, estos ajustes normativos involucran modificaciones en la vía pública, pasarelas peatonales, plazas, áreas verdes, viviendas sociales, teatros, universidades y estadios, entre otros lugares. De hecho, en Concepción ya existe el primer parque inclusivo del país, con juegos diseñados para personas en sillas de ruedas o con dificultades para caminar.
“Este es un tema país. Si queremos ciudades inclusivas y políticas públicas que efectivamente modifiquen las condiciones de vida de las personas, la accesibilidad universal debe ser concebida como un derecho”, señala la ministra de Vivienda, Paulina Saball.
La modificación de esta norma ya se encuentra actualmente en proceso de toma de razón por parte de la Contraloría, precisa la secretaria de Estado.
Además, el Minvu está sumando puntajes adicionales en la postulación de subsidios para favorecer a personas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad.
