Contraloría rechaza exigencias ambientales de Santiago para impedir demolición de edificio
Por: Pamela Gutiérrez.
Municipio interpondrá recurso de protección: Según el abogado que representa a la Inmobiliaria Morandé 2010, Gustavo Parraguez, “no queda más que demoler”.
La Municipalidad de Santiago perdió por segunda vez ante la Contraloría en su intento por impedir la demolición del ex edificio de la Protección Mutua de Chile, de 1924, ubicado en Morandé con Rosas.
Este nuevo dictamen señala que la Dirección de Obras Municipales no tiene facultades para exigir que el proyecto de la Inmobiliaria Morandé 2010 S.A. deba someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y que el permiso de edificación incluye la demolición del inmueble.
En el primer pronunciamiento del organismo fiscalizador, de hace un año, se sostuvo que el permiso de edificación fue otorgado con el plano regulador vigente a principios de 2008, cinco meses antes de que la municipalidad declarara al inmueble de conservación histórica.
Ante este dictamen, la Municipalidad de Santiago exigió que la inmobiliaria efectuara un estudio de impacto ambiental, para determinar la protección que le correspondía, a su juicio, a este tipo de edificios.
Sin embargo, el pasado 25 de noviembre, la Contraloría dictaminó lo siguiente: “No se advierte fundamento jurídico para que la Dirección de Obras Municipales determine que la demolición del edificio en comento deba someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, toda vez que la normativa no le atribuye facultades para realizar exigencias de esa naturaleza al momento de otorgar un permiso, por lo que esa unidad edilicia excedió sus competencias en esta materia”.
Agrega que, dado que el proyecto cuenta con una resolución de calificación ambiental, “al calificar ambientalmente favorable el proyecto, autorizó la ejecución de las mismas obras contempladas en el referido permiso de edificación y se emitió considerando la demolición del edificio de que se trata”.
Ante este revés, la Municipalidad de Santiago interpondrá un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para que suspenda la entrega del permiso y las obras de demolición “hasta el pronunciamiento final de las instancias medioambientales, que son las competentes para resolver el asunto”.
Según el municipio, “tal como señala la propia Contraloría en su dictamen, es al Servicio de Evaluación Ambiental (y no a la Contraloría) al que le compete pronunciarse acerca de la pertinencia de ingreso del proyecto en cuestión al Sistema de Evaluación Ambiental”. Agrega que la municipalidad ya efectuó una presentación al servicio y está a la espera de una respuesta.
El abogado de la oficina DyP Gustavo Parraguez, que representa a la inmobiliaria, señaló que los permisos para construir dos edificios de departamentos de 33 pisos fueron otorgados bajo la premisa de que el inmueble sería demolido. “De ahí, que hoy, no queda más que demoler”, afirmó.
El inmueble pertenece a Inmobiliaria Morandé 2010 S.A. (o Gran Mundo S.A.), cuyos socios son Nazareno S.A. y Comercial Cañaveral S.A. Consultado el abogado sobre la injerencia del empresario Max Marambio en este proyecto, respondió: “Injerencia, no. El señor Marambio es simplemente un accionista de una de las sociedades propietarias del proyecto”.
