Rafael Asenjo, presidente del Tribunal Ambiental de Santiago: “Falta una cantidad muy grande de normas trascendentales para la gestión ambiental”

Por Leonardo Cárdenas.

Advierte que a pesar de que el sistema ambiental cuenta con ministerio, tribunales y hasta superintendencia, aún se sigue normando con leyes de 1992. El retraso en la puesta en marcha del Tribunal Ambiental de Antofagasta, dice, no les ha generado problemas. ¿Es necesario aún? “Esa es una conclusión que tiene que sacarla usted. Estos tribunales son caros”, asegura.

Crítico se muestra el presidente del Tribunal Ambiental de Santiago, Rafael Asenjo, de las falencias de la normativa que rige al sector. De hecho sostiene que la legislación ambiental aún sigue funcionando con normativas que datan de 1992.

Esto a pesar de que el actual marco legal cuenta con distintos órganos como un ministerio, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y hasta una superintendencia a cargo de velar por el cumplimiento de las normativas.

“Al no existir el resto del conjunto normativo, hoy se le hacen exigencias al SEA que no está en condiciones de resolver”, advierte uno de los abogados más respetados en el mundo ambiental.

A su parecer aún restan normas trascendentales para mejorar la gestión, como ocurre en otros países del mundo, con la dictación de leyes que resguarden el medio ambiente, como la Ley de aguas, suelo, bosque y biodiversidad.

De paso también aborda la polémica instalación del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que a la fecha aún no se constituye en la capital de la Segunda Región.

Para el titular del Tribunal Ambiental de Santiago, el modelo más propicio para resguardar la legislación ambiental es el que se evaluó en el proyecto analizado durante el primer mandato de la Presidenta Bachelet, con un tribunal ambiental con competencia a nivel nacional.

De igual forma Asenjo se muestra enfático al señalar que no existe una judicialización que entrampe los proyectos de inversión. A su juicio todo órgano a cargo de la administración del Estado debe estar sujeto al control, como ocurre en el sistema judicial, valorando instrumentos como el recurso de protección.

¿Coincide con el análisis que se hace en los gremios respecto de la existencia de una mayor judicialización de proyectos de inversión?

Habría que definir qué entendemos por judicialización. La paralización de un proyecto de inversión a través de un recurso de protección es una de las expresiones. Ha habido una discusión bastante notable. La judicialización corresponde a la solución de controversias, absolutamente legítimas, entre un organismo que es la administración que está sujeta a las normas legales. Por lo tanto, tiene que existir un mecanismo que permita revisar la legalidad de las decisiones de la administración. Eso cada vez más lo están haciendo los tribunales ambientales.

El ejercicio de la administración debe estar sujeto al control de la legalidad. Quejarse y hacer un escándalo por eso y decir que esto se está judicializando es no estar satisfecho con el Estado de Derecho. ¿Cuál es la solución para ello? Que la administración no se equivoque nunca. Pero eso no ocurrirá. Al existir un órgano a cargo del control de la administración se da garantía  a las comunidades, a la misma administración y a los titulares de los proyectos, de que se va a cumplir la legalidad.

Hoy se habla de una SEAisación de la legislación ambiental. ¿Coincide con ese diagnóstico?

El marco de la legislación ambiental está completamente SEAisado. Por eso se dice que la gestión ambiental hoy, fundamentalmente, usa sólo un instrumento: el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Eso es como manejar un auto con un ojo tapado.

La herramienta potente y en la cual se concentra toda la atención es hoy el SEIA. Este órgano opera en un espacio en el que el resto de la normativa ambiental no se ha dictado. Chile sigue teniendo una Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, un ministerio,  una superintendencia, un Servicio de Evaluación Ambiental y el resto son normas de la Conama de 1992. Falta una cantidad muy grande de normas trascendentales para la gestión ambiental.

¿Hablamos de leyes como Ley de Agua o Suelo?

Leyes sobre los componentes ambientales no existen en Chile. No hay ley de agua, suelo, aire, cambio climático, biodiversidad. En el mundo hay leyes de gestión ambiental hace 50 años. En Chile nos quedamos concentrados en una parte.

Al no existir el resto del conjunto normativo, hoy se le hacen exigencias al SEA que no está en condiciones de resolver.

Hoy en Chile no existe gestión ambiental del territorio. No existe un marco normativo superior que diga dónde se pueden hacer qué cosas. Se trató de hacer en la administración anterior a propósito del tema Barrancones. Se le dio una orden a la administración para que hicieran un reordenamiento territorial. Eso murió en la noche de los justos. No pasó nada.

¿Cómo se parte entonces, la gestión ambiental en otros países?

Con leyes de agua, aire y suelo.  En legislación de bosque estamos con una ley tremendamente antigua. No hay legislación de aguas. Con los distintos componentes ambientales y después se inventa el sistema de evaluación de impacto ambiental de manera de tomar toda la normativa. Al SEIA se le hacen exigencias injustamente, porque no está en condiciones legales de resolver los conflictos.

Pareciera que se está legislando a través de proyectos de inversión que se tramitan en el SEIA.

Por supuesto.

Cambiando de tema. A la fecha un cuarto de las causas que debieron ingresar al Tribunal Ambiental de Antofagasta ingresaron al Tribunal Ambiental de Santiago. ¿Ha enfrentado alguna complicación por esto?

Ninguna. El tribunal está en condiciones de mantener las causas. La decisión es muy clara. Este tribunal tuvo competencia nacional durante un año y no tuvo ningún problema, y mantiene la competencia de la macrozona central y norte sin ningún problema. Evidente, con una mayor carga de trabajo.

¿Debieron contratar más funcionarios?

Tenemos varios abogados más y más relatores. Los ministros seguimos siendo los mismos. Uno no puede decir que por el 26% extra de causas que recibimos debimos contratar más personal. Nosotros necesitábamos una carga de profesionales bastante importante. Solo un relator podríamos decir que fue incorporado por el aumento de la carga laboral al tener competencia en la Macrozona norte.

Pareciera ser que no es tan necesaria la creación de ese tribunal.

Esa es una conclusión que tiene que sacarla usted. Estos tribunales son caros.

¿Cuánto cuesta al fisco tener el Segundo Tribunal Ambiental?

Son $2 mil millones. Saque usted si el Estado está hoy en condiciones de hacer una inversión de ese tamaño para el número de causas que se ven en la Macrozona norte. El problema de fondo es que para la instalación de los tribunales no se hizo un estudio de fondo que previera cuál sería la demanda de carga. De hecho el proyecto de la Presidenta Michelle Bachelet en su primera administración consideraba la creación de un tribunal más grande con más ministros en Santiago, al igual que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. A nadie se le ha ocurrido crear Tribunales de Libre Competencia en regiones.