Gobierno facultará a los intendentes para dictar restricciones vehiculares
Ultiman detalles en proyecto de ley pro movilidad :
Medida será aplicada en zonas saturadas de congestión. También habrá política que restringirá estacionamientos.
Cerca de un año ha pasado desde que la Presidenta Michelle Bachelet recibió, el 26 de enero, un informe de 231 páginas con 60 propuestas para reducir la congestión vehicular. Las medidas fueron elaboradas por los 26 integrantes de la comisión presidencial ProMovilidad, convocada por la Mandataria en julio de 2014.
En ese momento, Bachelet aludió al sentido de urgencia del trabajo. El Ministerio de Transportes, sin embargo, aún no presenta un proyecto de ley con las medidas. La espera terminará, según el subsecretario de la cartera, Cristián Bowen, en las próximas semanas, con el ingreso al Parlamento de un proyecto de ley en el marco pro movilidad.
Según adelantó la autoridad a “El Mercurio”, la iniciativa busca facultar a los intendentes para aplicar restricción vehicular. “Estamos ingresando un proyecto de ley de movilidad que pretende darles a los intendentes ciertas atribuciones para poder generar, entre otras medidas, restricciones temporales, acotadas, para responder a problemas de congestión. También incluye otras medidas, por ejemplo, la tarificación vial y gestión de estacionamientos. Esas cosas evidentemente le van a permitir a la autoridad local tomar definiciones al respecto de cuál es la manera en que ellos quieren a enfrentar los problemas de congestión en sus ciudades”, señaló Bowen.
La idea es que los intendentes formulen los planes de descongestión junto a los comités regionales pro movilidad, según la realidad de cada zona.
Entre los aspectos que busca incluir el proyecto está la definición de perímetros congestionados. En estas zonas es donde podría fijarse la tarificación, mediante pórticos que cobren por ingresar, tal como el sistema que opera en ciudades como Estocolmo, Londres o Singapur. Ahí mismo también podrían regir las restricciones vehiculares.
En Santiago, el intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, dijo que la medida prioritaria es mejorar el transporte público, antes de aplicar otras como la tarificación vial.
“Nosotros ya establecimos que el próximo año queremos aplicar el nuevo plan de descontaminación, que incluye la restricción por contaminación. La ley ahora dará la facultad para aplicarla por congestión y eso se puede evaluar en el tiempo, cuando tengamos un muy buen transporte público. La tarificación vial, como se aplicó en Londres, donde redujo en 40% el uso de vehículos y mejoró el de buses, se hace cuando ya hay un buen transporte público. Lo que hay que hacer primero es mejorarlo”, planteó la autoridad.
Para el especialista en transportes e integrante de la comisión pro movilidad, Raimundo Cruzat, las medidas que se apliquen deben ser integrales. “Las medidas no deben aplicarse independientes unas de otras. Funcionan mejor en conjunto. Entregarle la facultad a los intendentes va en la línea planteada, pero hay que tener cuidado en que se definan criterios técnicos para explicitar qué se entiende por zona saturada para aplicar la restricción, sino todo se transforma en herramienta política”.
El Ministerio de Transportes declinó referirse a qué mecanismos definirán si hay grados de saturación vial en las ciudades.
Estacionamientos
Se buscaría controlar la oferta y establecer límites máximos en la ordenanza, y no mínimos, como sucede hoy. Evasión en Transantiago: expertos atribuyen aumento a deterioro en calidad de servicioEl récord histórico de 28,7% que alcanzó la evasión en el Transantiago entre julio y septiembre se explica, según el director del transporte público metropolitano, Guillermo Muñoz, por la desaceleración económica y la estacionalidad de fin de año.
El argumento fue cuestionado ayer por expertos como Raimundo Cruzat, coordinador de Transantiago entre 2010 y 2011. A su juicio, el incremento se debe a una peor calidad del servicio. “Si fuera por un motivo económico, en 2010 el alza de tarifa fue de $150 y hoy hace tiempo que no sube. Esto responde a la mala calidad y al recuerdo de lo que dijo la Presidenta Bachelet al inicio de Transantiago, que no se justifica pagar mientras no mejore la calidad del sistema”.
El urbanista Iván Poduje, en tanto, atribuye el problema al “bajo incentivo que tienen las empresas para controlarlo, ya que el costo se paga con subsidio”. Añade que también deriva “de la poca fiscalización y control de evasores y a la falta de infraestructura que permita cobrar antes de subir al bus al menos en troncales”.