Vivienda reformula proyecto de ley de mitigación vial: prohíbe compra de buses y crea planes de movilidad
Por: Manuel Valencia.
Modificaciones a la indicación sustitutiva se ingresarán esta semana: Iniciativa establece ahora una fórmula para estimar de antemano cuánto deberá pagar un proyecto y solo exigirá estudios de impacto vial a obras de envergadura mayor.
El 95% de los proyectos inmobiliarios que se levantan hoy en el país no mitigan el impacto vial que causan en su entorno, según un estudio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). El sistema vigente establece que solo las obras habitacionales con más de 150 estacionamientos y las comerciales con sobre 250 deben realizar un estudio de impacto al sistema de transporte urbano (Eistu). Con esa exigencia, la gran mayoría construye proyectos con 149 y 249 aparcaderos para eludir la norma.
El proyecto de ley de aportes, ingresado en 2012, busca corregir este vacío y exigir una mitigación proporcional a todos los proyectos inmobiliarios.
La iniciativa fue completamente reformulada en la actual administración, en una indicación sustitutiva que se ingresó en junio pasado. En ella se estableció una mitigación directa (obras) y otra indirecta (aportes en recursos). Sin embargo, abría flancos que fueron ampliamente criticados. Entre ellos, permitía mitigar con la compra de buses para el transporte público, una cláusula que el ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, defendió.
Tampoco precisaba de antemano qué aportes los privados debían realizar, lo que generaba incertidumbre en los proyectos.
Frente a ello, esta semana se ingresará un paquete de modificaciones. Entre ellas, se suprime la posibilidad de comprar buses con los recursos. Se establece una fórmula para saber cuánto mitigará un proyecto. Así, los que tengan densidades mayores de 2.000 habitantes u ocupantes por hectárea deberán aportar por hasta el 44% del avalúo fiscal del terreno que ocupan. Esta cifra va bajando en relación con la densidad de la obra.
También se establece que los recursos de la mitigación indirecta se destinan a planes de movilidad. Estos serán administrados por los municipios, en el caso de comunas, o por el Gobierno Regional, en las zonas metropolitanas, conformadas por muchas comunas. Los planes reemplazan la creación de corporaciones regionales, incluidas en el proyecto anterior.
La ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, señala que el proyecto “está en la línea de armonizar el desarrollo inmobiliario, la densidad de las ciudades y la calidad de vida de los habitantes (…). En los cambios tratamos de sacar todo término que pudiese confundir para favorecer la movilidad urbana y que sea lo más predecible y lo menor arbitrario posible”.
Uno de los cuestionamientos que ha recibido el proyecto es la creación de mitigaciones indirectas, que obligan a los proyectos a compensar su efecto en toda la ciudad. Pese a las críticas, el Minvu las mantuvo.
Para Paulina Henoch, investigadora de Libertad y Desarrollo, “esto se traduce en un impuesto. Esos costos adicionales se van a traspasar en costo para las personas que quieran comprar. Por otra parte, no se entiende que se pongan trabas adicionales a proyectos grandes. Para seguir creciendo necesitamos más obras como Costanera Center y no menos”, afirma.
Movilidad
En los cambios al proyecto se reemplaza el concepto de transporte por el de movilidad, que supone la inclusión de usuarios de bicicletas o peatones, además del rol de los automóviles y el transporte público.
