Portuarios ven peligro en comercio exterior por falta de resguardo del borde costero
Por Marco Gutiérrez Varas.
Presentación al Ministerio de Defensa:
Si se dificulta la instalación de terminales en bahías aptas, tendrán que emplazarlos en zonas que necesitan más inversiones, encareciendo los costos logísticos.
Si bien la costa chilena es extensa, los puertos no pueden construirse en cualquier bahía, pues requieren de condiciones especiales de marea, profundidad, oleaje y accesos, que acotan los espacios aptos económica y operativamente.
La escasez de estas áreas y la deficiente institucionalidad relacionada al tema fueron factores que motivaron a la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport) a abrir un diálogo interno y con el gobierno sobre la materia. En este contexto, elaboró un documento denominado “Hacia una Política Nacional de Uso del Borde Costero para la Expansión Portuaria”, donde hacen un análisis crítico de este asunto, además de formular propuestas.
El texto fue presentado al Ministerio de Defensa, donde “se mostraron muy abiertos e interesados en comenzar a dar los primeros pasos para iniciar un análisis público-privado”, sostiene el presidente de Camport, Jorge Marshall.
El informe advierte que “no se ha definido una planificación desde el gobierno central que resguarde las bahías aptas para uso portuario”. Esto, unido a una alta demanda por terrenos en el borde costero, podría “afectar la conectividad de Chile con el resto del mundo y restringir el flujo comercial del país en el largo plazo”.
Al respecto, Marshall comenta que “si se dificulta el aprovechamiento de las bahías de mejor aptitud portuaria, se termina emplazando los proyectos en zonas con peores condiciones, que requieren de inversiones mayores para ser adaptadas o que van a tener una utilización menor por las condiciones meteorológicas, encareciendo los proyectos. Esto se traduce en tarifas más elevadas a los usuarios, impactando en los costos logísticos de la carga de comercio exterior”.
El documento señala que el Decreto Supremo 475 sobre uso del borde costero, de 1994, fue un paso importante, pero “en la práctica ha resultado insuficiente para atender los diversos requerimientos que coexisten en esta materia”.
Marshall propone hacer ajustes a la actual institucionalidad y revisar los equilibrios y las representaciones de las Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero (CRUBC), que son las que califican si se puede o no realizar un proyecto en el borde costero según su coherencia con los usos preferentes u otro instrumento de planificación territorial.
Criterios para una nueva etapa
El informe de la Camport propone seis criterios generales que deben orientar la institucionalidad de borde costero. La más relevante es que “el Estado cumpla su rol de planificación territorial”, precisa Marshall. Otra medida es reservar áreas costeras para asegurar la conectividad de Chile con el mundo y la operación de cabotaje. A la vez, profundizar la participación de privados en concesiones en puertos estatales e inversiones en terminales particulares de uso público y netamente privados (mediante concesiones marítimas). Se añade la petición de que las decisiones de expansión de actividades portuarias tengan “procedimientos transparentes, no discriminatorios y ajustados a la institucionalidad”.
Junto con mayor equilibrio en los CRUBC, se plantea reconocer que la población demanda estándares medioambientales más elevados.
Ley Lafkenche “ha entorpecido proyectos”El documento también dedica un capítulo para enjuiciar la Ley 20.249, que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios, conocida como Ley Lafkenche, la que “ha entorpecido el desarrollo de proyectos en el borde costero”, señala el informe.
Jorge Marshall afirma que “esta ley afecta, en el sentido de que toda solicitud de concesión marítima o de acuicultura impulsada por un tercero interesado en desarrollar un proyecto en el borde costero, queda suspendida en caso de sobreponerse con una solicitud de la Ley Lafkenche. Aquello no sería problema, si es que los plazos de tramitación de estas solicitudes no fuesen largamente excedidos respecto a lo que la ley y su reglamento establecen”.
Agrega que esto produce un estancamiento de las inversiones.
