Reforma al Código de Aguas afectaría meta de potenciar minihidro
Por Antonia Eyzaguirre.
Según gremio hidroeléctrico:
Norma dificultaría la capacidad de conseguir financiamiento, advierten.
La reforma al Código de Aguas causaría una serie de perjuicios en los proyectos de generación hidroeléctrica, sobre todo a los de mediana y pequeña capacidad, lo que iría en contra del objetivo del Gobierno de aumentar la presencia de este tipo de centrales y llegar a 100 en operaciones al fin de la actual administración de la Presidenta Michelle Bachelet.
Así lo advirtió Carlos Barría, director ejecutivo de la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores (GPM A.G.). Levantar financiamiento para este tipo de centrales es mucho más complejo que para las grandes empresas, comentó. Agregó que “si se aumentan las variables de riesgo por cambios en la regulación de aguas, tal como lo hace la reforma al Código de Aguas, será mucho más difícil y casi imposible lograr financiar proyectos para empresas de menor tamaño”.
El proyecto de ley está actualmente siendo analizado en su primer trámite constitucional en la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Si bien Barría destaca ciertos aspectos de la reforma, como la obligación de inscribir los derechos en un período fijo y el aumento de la efectividad del cobro de patentes -lo que reduce considerablemente la especulación y el acaparamiento de derechos de agua-, planteó la necesidad de hacer algunos cambios a la propuesta. Esto porque, entre otras cosas, establece un mínimo de 20 años para los derechos no consuntivos (donde se obliga a restituir el agua en la forma que determine la constitución del derecho) y busca que ese derecho se extinga en ocho años, si el titular no hace un uso efectivo del recurso.
Sin embargo, el ejecutivo reveló que el tiempo de desarrollo de los proyectos hidroeléctricos son variados, pero fácilmente pueden superar los ocho años desde el otorgamiento de cada derecho. Recalcó que estos proyectos “requieren de plazos de evaluación de inversiones mayores a 30 años, por lo que limitaciones temporales causarían un riesgo enorme para tomar decisiones de inversión y para lograr un financiamiento razonable”.
Carlos Barría sostuvo que “resulta contradictorio que el Gobierno promueva las centrales hidroeléctricas y, además, patrocine la reforma al Código de Aguas con indicaciones que van en otra dirección”.
Entre otras cosas, el director ejecutivo de GPM dijo que otro de los puntos del proyecto que debería eliminarse es la facultad de imponer un nuevo caudal ecológico si se traslada el derecho no consuntivo, ya que se pondría fin a la principal certeza que debe tener un proyecto hidroeléctrico, que es el caudal disponible. Añadió, además, que la Dirección General de Aguas (DGA) no debería ser responsable de proponer que una u otra zona se defina para fines de preservación ecosistémica, ya que esto depende de factores más amplios, como los territoriales, sociales, productivos, turísticos e indígenas, entre otros, lo que debería ser resuelto en una planificación de largo plazo.
Barría pidió que se evalúe la posibilidad de mejorar la norma a través de indicaciones, para incentivar el desarrollo.
Presencia
El Gobierno se ha impuesto como meta incorporar 100 nuevas centrales minihidro a 2018. A junio de 2015 había 73 iniciativas de este tipo operando y un catastro de otros 130 proyectos.
