Paralizan estudio de Plan Regulador Intercomunal y no se cambiará uso de suelo en predios que compró Caval

Por Julio Jerez y Cinthya Carvajal.

Resolución obtenida por Ley de Transparencia deja sin efecto contrato con consultora:

Seremi de Vivienda y Urbanismo de O’Higgins tomó en cuenta que la zona puede absorber crecimiento y cuenta con red vial.

El cambio de uso de suelo en Machalí, donde adquirió tres predios de 44 hectáreas la empresa Caval, sociedad de Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet y de Mauricio Valero, no se realizará por ahora.

La adquisición -que inició la investigación del caso que sustancia el fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo desde hace un año- se hizo pensando en el aumento de la plusvalía que se generaría con el cambio de uso de suelo de rural a urbano.

Los terrenos de Machalí, que luego adquirió por $9.500 millones al empresario rancagüino Hugo Silva, están dentro de las comunas que se verían beneficiadas con una posible modificación del Plan Regulador Intercomunal (PRI) de Rancagua.

Sin embargo, el pasado 23 de septiembre por una resolución exenta de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de O’Higgins, que hasta ahora era desconocida y a la cual accedió “El Mercurio” vía Ley de Transparencia, se puso término al contrato -de común acuerdo- suscrito con la consultora Habiterra Ltda. Esta empresa se había adjudicado la licitación el 11 de septiembre de 2014 para realizar el estudio del cual dependía cualquier modificación al PRI.

Esto implica también que no se realizará ningún cambio de uso de suelo. El PRI incluía a las comunas de Rancagua, Graneros, Olivar, Mostazal, y Codegua. Además de Machalí, donde se encuentran localizados los terrenos que compró Caval.

La decisión fue adoptada en una Comisión Técnica del Estudio de Modificación del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua, argumentando consideraciones técnicas y administrativas como: La disponibilidad de suelo y cabida total de población; la superficie total edificable; la densidad proyectada; la red vial estructurante del PRI 2010, y el cambio de la norma de afectación a utilidad pública.

De esto se desprende que la zona en estudio ya cuenta con las características para absorber la proyección de aumento de población, incluyendo su red vial, y con densidad habitacional (habitantes por metro cuadrado) adecuada, por lo que no se habría necesitado la modificación al PRI aprobado el año 2010, que está vigente.

Al ser consultado el seremi de Vivienda y Urbanismo de O’Higgins, Hernán Rodríguez, aseguró que la principal razón de terminar con el contrato de estudio fue que en septiembre se zanjó la principal duda que había, acerca de si la vialidad consignada en el PRI vigente, era suficiente para el crecimiento que iba a tener la conurbación Rancagua-Machalí. “Los estudios preliminares nos demostraban que la vialidad proyectada era suficiente, por lo que pensamos que era sano terminar con el estudio”, aseguró Rodríguez.

Respecto del cambio de uso de suelo el seremi confirmó que, tras la resolución dictada, no se concretará: “Por supuesto que no se modifica el suelo, porque se requiere del PRI para hacerlo. Esto hasta que la autoridad lo decida porque son situaciones dinámicas”.

Rodríguez dijo que se tomaron en cuenta también los antecedentes que han surgido en la investigación del caso Caval, pero que no fue lo determinante: “Había un ambiente que hacía que todo se viera con otras intencionalidades (…) Pero lo importante fueron las dudas que teníamos sobre vialidad (se despejaron)”.

Una de las razones por las cuales el fiscal Toledo formalizó por cohecho y soborno fue el cambio de uso de suelo. Uno de ellos fue Juan Díaz, quien tenía como encargo del síndico de quiebras Herman Chadwick la modificación. Díaz realizó 15 pagos a Cynthia Ross (que trabajaba en la Dirección de Obras de Machalí) por $61 millones, y 19 pagos por $55 millones a Jorge Silva Menares (ex jefe de la Dirección de Obras de la alcaldía) y a su esposa, Marisol Navarrete -entre los años 2012 y 2015- para impulsar el cambio.

Alcalde de Rancagua respalda decisión”Es actuar con responsabilidad, las ciudades no pueden seguir creciendo como una mancha de aceite”, dijo Eduardo Soto, alcalde de Rancagua, sobre la decisión de finalizar el proceso de estudio para modificar el PRI Rancagua-Machalí, al que se opuso porque no se consideraban vías de conexión adecuadas para solucionar los problemas de atochamiento existentes entre ambas comunas.

“Lo que siempre planteamos, es que cada alcalde es dueño de planificar la ciudad como estime conveniente, pero que ello no impacte negativamente en la comuna vecina”, afirmó.

Reiteró que “la cantidad de terrenos que tiene hoy Machalí para crecer en el área urbana es suficiente para los próximos años (…) La decisión me quedó muy clara cuando el ex seremi (Wilfredo Valdés), en el Consejo Regional, señaló lo que era obvio, que no necesita aumentarlos”, y que al cambiar el uso de suelo de rural a urbano aumentaría los problemas de conectividad.

“El Mercurio” intentó reiteradamente contactarse ayer con el alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia, para conocer su parecer sobre la decisión del Minvu y sus alcances, lo que definitivamente no fue posible.