Superintendencia de Medio Ambiente pide abrir 10% de Santa Marta
Además, levantó 12 cargos contra la firma, que arriesga perder su permiso para operar.
Reabrir parcialmente el relleno sanitario Santa Marta, en un 10% de su capacidad y bajo exigentes medidas de monitoreo, fue la conclusión de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que investiga el derrumbe y posterior incendio ocurrido el 18 de enero pasado, como parte de un proceso sancionatorio. La medida debe ser autorizada previamente por el Tribunal Ambiental, así como la solicitud de clausura parcial en todo el resto del relleno, que solicita la SMA.
De acuerdo a lo informado, el relleno sólo podrá recibir residuos domiciliarios en la área definida como segura, con un máximo de 810.000 metros cúbicos al día. Se prohíbe la disposición de lodos, uno de los elementos que podría haber causado el deslizamiento por exceso de humedad.
Tras la investigación, la SMA, en su calidad de organismo fiscalizador, formuló 12 cargos contra Santa Marta, por incumplimiento de su RCA (Resolución de Calificación Ambiental). Se trata de tres cargos leves; siete graves, por ingreso no autorizado de 52.511 toneladas de lodos durante 2014 y de 57.418 toneladas en 2015; y uno gravísimo, por no reportar los parámetros de líquidos percolados y aguas superficiales, entre otros.
De acuerdo a la nueva legislación ambiental, las faltas gravísimas pueden traducirse en multas de hasta 10.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) -cerca de $ 5.394 millones-, o la revocación de la RCA.
Luego de que la superintendencia notifique al Tribunal Ambiental y a Santa Marta su resolución, la empresa puede acudir con dicho documento a la Corta de Apelaciones para pedir que revise la orden de no innovar, y decida si el relleno puede volver a funcionar en forma parcial, lo que tomaría un par de días en resolverse.
El pronunciamiento de la SMA era esperado por el gremio de recolectores, quienes anunciaron a la intendencia un paro total si Santa Marta no era reabierto. Pese a ser un conflicto entre privados, los recolectores exigen que el intendente actúe como mediador con sus empleadores, por las largas jornadas laborales que implica ir a dejar la basura a rellenos alternativos y más alejados. También solicitan un bono compensatorio, no considerado en un inicio de las conversaciones.
Ayer en la tarde, tras una reunión con el intendente (s), David Morales para analizar el escenario tras el pronunciamiento de la SMA, los trabajadores decidieron esperar la decisión de la Corte para definir si realizarán la paralización de funciones.
Hoy, en tanto, el abogado de los vecinos de Talagante, Mauricio Pagueguy, dará a conocer nuevos antecedentes sobre la querella que iniciarán, dado los perjuicios ambientales que denuncian hace años. “Veo a las autoridades más preocupadas de que la empresa abra que de los vecinos, pero siempre han mostrado mas simpatía con ellos que con los ciudadanos. Espero que la Cámara haga una auditoría a todas las resoluciones de calificación ambiental, donde se evidencia como se les ha facilitado las cosas” señaló Andrés Zöllner, vocero de la Coordinadora de Asambleas Ciudadanas de Talagante.