Gobierno aún no edifica la mitad de viviendas de emergencia comprometidas para IV Región
Por Juan Castellón San Martín.
Balance a cinco meses del terremoto y posterior maremoto del 16 de septiembre pasado:
Autoridades comunales acusan lentitud en el proceso de normalización. Los afectados viven en precarias condiciones.
El desconsuelo que trajo a los damnificados el terremoto 8,4° Richter y posterior maremoto en la Región de Coquimbo el 16 de septiembre pasado, está lejos de finalizar.
Esto, porque transcurridos cinco meses de la catástrofe las autoridades comunales continúan sus críticas en torno a la lentitud en el proceso de instalación de las viviendas de emergencia, lo que se suma a la impaciencia de los propios afectados, quienes viven aún en precarias condiciones.
El último informe evacuado por el Gobierno Regional de Coquimbo, en diciembre pasado, da cuenta de 1.724 casas con daño “no reparable”, de las cuales apenas se han construido 820 viviendas provisorias (47,5%) en las 15 comunas de la IV Región.
En la población Baquedano, la zona más golpeada por el tsunami en Coquimbo, Luis Flores (64) ha pernoctado en improvisadas carpas los últimos meses, cansado de esperar una solución transitoria. “La vivienda nunca llegó y tuvimos que empezar a reconstruir. Acá viven seis personas y una menor de edad. No me queda más que adaptarme a esta situación”, lamenta.
Otra vecina del mismo sector, Marisol Flores, recibió recién la semana pasada el inmueble de 24 m {+2} que la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) destinó a los damnificados. Pero siete días después aún no acuden los efectivos militares a armar la habitación. “Nosotros necesitábamos las casas antes y recién llegan ahora. Tengo pena y también tengo rabia, porque las autoridades dijeron tantas cosas y no cumplieron”, reclama.
Para el director (s) de la Onemi en la IV Región, Luis Jiménez, la responsabilidad radica en los municipios, pues “han existido demoras en los decretos de demolición” que deben realizar las respectivas direcciones de obras, antes de construir las soluciones provisorias.
El intendente subrogante de Coquimbo, Américo Giovine, agrega que la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) facilitó $2.897 millones para realizar las demoliciones. Sin embargo, “la instalación de viviendas asoladas, por ejemplo en caso de tsunami , es más complejo, pues debe existir un plan de instalación de casas, siempre que los pobladores cuenten con vías de evacuación efectivas”, dijo.
Y pese a que el secretario comunal de Planificación de Coquimbo, Luis Henríquez, coincide en que se deben regenerar los sectores dañados con mayor infraestructura en seguridad, critica que al iniciarse la entrega de ayuda el Gobierno realizó “un levantamiento de tres fichas simultáneas que conllevó a pérdidas de tiempo”.
El alcalde de Illapel, Denis Cortés, complementa que existe un excesivo “celo” del funcionario público al momento de asignar los recursos necesarios. “Tenemos un sistema de Estado centralizado”, advierte, añadiendo como una complejidad adicional el que las nuevas casas de emergencia requieren de instalaciones eléctricas y alcantarillado que no tenían las mediaguas tradicionales.
”Tengo pena y también tengo rabia, porque las autoridades dijeron tantas cosas y no cumplieron”.
MARISOL FLORES,
VECINA DAMNIFICADA DE COQUIMBO
”Debe haber un plan de instalación de casas, siempre que los vecinos tengan vías de evacuación efectivas”.
AMÉRICO GIOVINE
INTENDENTE (S) DE COQUIMBO
”Hay celo en cada funcionario público, se cuida para entregar los recursos. Tenemos un Estado centralizado”.
DENIS CORTÉS,
ALCALDE DE ILLAPEL
$3.500.000
es el valor de cada vivienda de emergencia.
24
metros cuadrados es el espacio físico de las soluciones provisorias.
$30.500
millones es el costo de la fase de emergencia en la IV Región.
85%
de las viviendas con daño “no reparable” están en las provincias Choapa y Limarí.
