Las dificultades hospitalarias que dejó el sismo en la VII Región

Por P. Tapia, C. Burgos y X. Bertin.

Luego de la tragedia de 2010, la necesidad de contar con una nueva institucionalidad en materia de prevención y respuesta a catástrofes fue un acuerdo transversal en los gobiernos de Piñera y Bachelet. Pese a los años, y al cúmulo de desastres naturales que ha seguido enfrentando el país, el proyecto sigue sin ver la luz como ley en el Congreso.

Tras cuatro años y 11 meses desde su ingreso al Congreso, durante el gobierno de Sebastián Piñera, el proyecto que crea un nuevo Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil, en reemplazo de la actual Onemi, aún no es ley. Eso, pese a los cuestionamientos que recibió el sistema de protección civil la madrugada del 27 de febrero de 2010, cuando el tsunami no fue alertado a tiempo a la población y la mayor cantidad de personas fallecidas ocurrió en la costa.

A juicio del director de Onemi, Ricardo Toro, el gobierno y el Congreso se han esforzado por adelantar el proceso de aprobación del proyecto. En el intertanto, sin embargo, asegura que el sistema ha logrado sortear satisfactoriamente las emergencias posteriores al 27/F.

“Muchas de las cosas que dice la ley (proyecto) ya las estamos implementando. Hemos trabajado estos años en un sinnúmero de mejoras para preparar a la Onemi para la nueva institucionalidad”, destaca.

Según Toro, estas mejoras apuntan a la certificación de sus procedimientos y avances tecnológicos y en infraestructura. “Lo que se requiere es un organismo que tenga mayores atribuciones, con una estructura y un presupuesto acorde a sus responsabilidades, y que se acerque lo más posible a las comunas, que es la primera respuesta ante cualquier emergencia. Eso, con el servicio propuesto en la ley, se cumple”, precisa la autoridad.

Mientras el nuevo marco legal, administrativo y de financiamiento para la Onemi sigue sin sistematizarse en una ley, el país ha registrado varios terremotos, uno de ellos con tsunami en Coquimbo, aluviones en Atacama, erupciones volcánicas en el sur, e incendios forestales masivos durante el verano pasado. La última vez que la iniciativa fue revisada en el Congreso, el 6 de enero reciente, quedó con urgencia simple en su segundo trámite constitucional, a la espera del reinicio del año legislativo.

Tras ser revisada en 2015 por las comisiones de Gobierno y Defensa, ahora pasará a la comisión de Hacienda del Senado, a la espera que entre en tabla en marzo.

En noviembre pasado, sin embargo, la comisión de Defensa, por mayoría, votó en contra del proyecto, tras considerar “insuficiente” el nuevo modelo.

En esa oportunidad el senador Alejandro Guillier (Ind) señaló que el proyecto original no especifica “cómo se financiará el nuevo servicio, cuál será el rol de las FF.AA. o cómo se repondrán los recursos que esta institución gasta en cada emergencia”.

Según el senador Baldo Prokurica (RN), intengrante de la misma comisión, tampoco se señala si la nueva Onemi tendrá facultades para prohibir la construcción de viviendas en zonas de riesgo, y calificó de “incomprensible” el plazo de dos años propuesto por el Ejecutivo para confeccionar los reglamentos que harán operativa la ley de la nueva Onemi.

“Un país que sufre catástrofes por año no puede esperar tanto tiempo para poder contar con un sistema de emergencia. Es cierto que las tragedias no ocurren a diario, pero hay que anticiparlas”, puntualiza.

Para el senador Alejandro Navarro (MAS) el proyecto “es insuficiente, tanto en financiamiento como participación de las instituciones relacionadas, pero, lo más grave, no tiene una cabeza y liderazgo fuerte para enfrentar un nuevo 27/F”. Asegura que se presentarán indicaciones y se reiterará la solicitud de crear un ministerio de emergencias: “La Onemi, sólo con rango de servicio, sería incapaz de liderar una nueva catástrofe nacional”.

La rapidez con que se gestionan los recursos preventivos de la Onemi es otro tema que preocupa al diputado Ricardo Rincón (DC), quien denunció en 2012 la tardía instalación de equipos de monitoreo sísmico que estaban en ese momento guardados en una bodega de la Onemi, tema que hoy está bajo investigación de Contraloría. “A casi seis años del 27/F, la red sismológica no cuenta aún con el fortalecimiento que podría tener. Aún no están funcionando 297 acelerógrafos adquiridos hace cinco años”, señala.

Según la Onemi, estos aparatos ya están instalados físicamente, pero en proceso de revisión por parte del Centro Sismológico Nacional (CSN) para verificar cuáles están operativos, etapa que finalizará en septiembre. Luego de eso, podrían empezar a registrar datos.

Mario Pardo, director (s) del CSN, aclara que estos acelerógrafos se instalarán como una red paralela de “infraestructura y suelo”, en puntos diferentes a las 100 estaciones sismográficas que existen en el país. Ellas cuentan con GPS, sismógrafo y acelerógrafo, y están operativas y conectadas en tiempo real. “Con estas cien estaciones estamos cubiertos en caso de terremoto, en tanto los 297 acelerógrafos se usarán para estudiar el suelo y actualizar las normas de construcción antisísmica, que es nuestra otra línea de trabajo como CSN”, dice Pardo.

Esta es la razón por la cual el CSN está en la facultad de Ingeniería de la U. de Chile desde sus inicios, en 1908, como Servicio Sismológico. El objetivo es estudiar el comportamiento de las construcciones para evitar que los edificios y casas que se levanten, si bien pueden dañarse, no aplasten a sus moradores.

Según Pardo, el ex servicio sismológico enfrentó el 27/F con 30 a 40 estaciones, algunas de ellas desactualizadas y ninguna on line. También con una Internet colapsada. Hoy, la Onemi, el CSN y el Shoa (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada) cuentan con ochos sistema de comunicación alternativos, para que esta tríada nunca pierda contacto entre sí, aún en el peor escenario.

“Si algo bueno podemos rescatar es la reformulación que se hizo del Centro Sismológico, sin duda estamos mejor preparados para un 27/F, pero siempre es posible mejorar”, precisa Pardo. Destaca que el CSN maneja un presupuesto estatal varias veces superior al de 2010, con más equipos de monitoreo y también más personal 24×7.

“A esta altura ya tenemos el conocimiento, los profesionales, somos 50 y antes apenas éramos 12, pero siempre nos faltarán equipos. Si me preguntan, ojalá tuviéramos miles. Mientras más datos tengamos se abren infinitas posibilidades para actuar antes y mitigar los impactos”, precisa Pardo.

Como ejemplo, menciona que se podría detener el Metro o cerrar fábricas de producirse un terremoto en Valparaíso, o ser aún más precisos en la alerta de tsunamis. “Con más equipos GPS, que miden cómo se deforma la corteza, podríamos modelar cómo y hasta dónde exactamente se expandirá la ola. Ya logramos hacerlo en forma posterior con el tsunami que produjo el terremoto de Illapel, pero podríamos hacerlo on line. Lo que se hace ahora es evacuar toda la costa como prevención. En los próximos años instalaremos 130 GPS adicionales”.