Santiago cuenta con cinco fiscalizadores para evitar uso de leña en días críticos de esmog
Por Oriana Fernández.
Seremi de Salud Metropolitana supervisa cerca de 117 mil calefactores en hogares.
Un total de 117 mil equipos de calefacción a leña existen en la Región Metropolitana, los que producen altos índices de material particulado, según el inventario de emisiones del ministerio de Medio Ambiente publicado el año pasado. Estas fuentes, que generan el 36% de la contaminación del aire en Santiago, se concentran en las comunas del sector oriente y de zonas rurales de la capital.
La secretaría regional ministerial de Salud de la Región Metropolitana es el ente encargado de cursar sumarios por el uso de calefactores en los hogares durante las alertas, preemergencias y emergencias, considerados en el Plan de Descontaminación por Material Particulado grueso (MP 10). Sin embargo, la entidad posee pocos funcionarios para esta labor.
Roberto Condori, jefe de control sanitario de emisiones de la seremi, explicó que para 2016 cuentan con entre “tres y cinco funcionarios para realizar fiscalizaciones de calefactores en domicilios” y detalló que el sistema de vigilancia se basa en patrullajes en los sectores donde hay mayor uso de biomasa o bien cuando se reciben denuncias de la población.
En 2015, el equipo de esa entidad efectuó 191.269 patrullajes para vigilar el cumplimiento de la norma. De ese total, se cursaron 99 sumarios sanitarios a vecinos. El personal destinado a esta materia también trabaja en la vigilancia de las industrias, las que deben paralizar en jornadas de mayor polución, las que alcanzan las mil en Santiago.
Patricio Pérez, investigador de la U. de Santiago, recordó que la supervisión “es insuficiente, es letra muerta. Además, sabemos que hay sectores pobres donde la única forma de calefacción es la leña: no se les puede prohibir usarla”.
El experto agrega que “preocupa” que haya una baja cantidad de funcionarios dedicados a esta labor, tomando en cuenta que está en elaboración el anteproyecto del Plan de Descontaminación por Material Particulado fino (MP 2,5), el que propone impedir el uso de calefactores en la cuenca”.
Planes
Lo anterior se ve reflejado en los recursos destinados para la fiscalización de los planes de descontaminación del país en el presupuesto para 2016 publicado por la Superintendencia del Medio Ambiente.
En el programa fijado para este año por el organismo se establece que todos los ministerios poseen fondos por $ 145.845.580 para hacer cumplir las medidas para rebajar los índices de esmog.
La Superintendencia registró que en 2015 las reparticiones públicas invirtieron en el mismo ítem $ 52.720.014, mientras que en 2014 la suma destinada fue $ 374.593.633.
En el país existen seis regiones con planes: Antofagasta (en Chuquicamata, Tocopilla y María Elena); Atacama, (por la Fundición Hernán Videla); Valparaíso (por el complejo industrial Ventanas) y Santiago, por el plan para reducir los niveles de material particulado grueso.
En la zona sur, se fiscaliza el valle central de Rancagua y el área de fundición de Caletones, además de Temuco y Padre Las Casas, en La Araucanía.
En las cifras entregadas por las reparticiones a la superintendencia ambiental, no están incluidas las acciones del Ministerio de Transportes, que revisa el cumplimiento de la restricción vehicular permanente y a los automóviles catalíticos en jornadas de preemergencias y emergencias.
Paula Flores, jefa del Departamento de Fiscalización de Transportes informó que su repartición cuenta con un grupo de 90 personas en terreno para conocer si los automovilistas cumplen o no con la restricción en episodios críticos.
A estos se suma la vigilancia con cámaras que están dispuestas en 40 kilómetros de vías, con el fin de que no circulen vehículos particulares en pistas solo buses, vías exclusivas y que no ingresen camiones al interior de la avenida Américo Vespucio. Esta entidad cursó 214 mil infracciones a las fuentes móviles el año pasado.
Además de lo anterior, en todo el país estarán vigentes las alertas ambientales de la cartera de Salud, que contemplan recursos destinados a atender a personas afectadas durante el invierno por la polución y también se hacen recomendaciones para ese período.
