A un año del aluvión de Atacama damnificados siguen esperando entrega de nuevas viviendas
Esta semana se cumple un año de los aluviones que afectaran a la Región de Atacama, luego de que más de 50 milímetros de agua caída en menos de 24 horas causaran el desborde de los ríos Copiapó y El Salado, generando avalanchas que arrasaron con poblaciones enteras. La tragedia, que terminó con 28 muertos y miles de damnificados, dejó una región prácticamente cubierta de lodo y comunidades aisladas, sin servicios básicos. Los habitantes de muchas de las localidades se mantuvieron gran parte del año pasado sin alcantarillado ni electricidad.
Según cifras entregadas por la Intendencia de Atacama, más de tres millones de metros cúbicos de lodo fueron removidos en Copiapó, Chañaral, Diego de Almagro, Alto del Carmen y Tierra Amarrilla. “El plazo de reconstrucción que nos fijamos es de cinco años. Sin embargo, hemos dicho que el grueso de los proyectos y las inversiones, que implican gastar más de US$ 500 millones, tal como lo anunció la Presidenta Michelle Bachelet en mayo del año pasado, se van a finalizar en este gobierno”, aseguró el intendente Miguel Vargas.
Pero el proceso de recuperación ha sido lento. Así lo aseguran vecinos y parlamentarios, ejemplificándolo con que, hasta el momento, no hay ninguna casa reconstruida entregada en la zona. Al respecto, Vargas comentó que la emergencia recién fue superada en noviembre y que “durante esos meses nos dedicamos a retirar el lodo de las calles, recintos deportivos y de las viviendas; reparar los alcantarillados y reponer los servicios básicos en las comunas”.
El intendente explicó que ahora se pueden enfocar en la construcción de viviendas para las familias que sufrieron daños graves o totales. El inicio de las obras comenzará el próximo jueves, con la instalación de la primera piedra para 400 nuevas viviendas en Chañaral y El Salado. “En 2017 van a estar todas las viviendas reparadas y construidas. Tanto las que tuvieron daños parciales o graves, como las que resultaron con daño total. Son más de 2.500 casas que van a ser entregadas, en sitios propios y terrenos nuevos”, dijo.
En total, son cerca de 815 las casas que deben reconstruirse. “En terrenos nuevos serán 465 y en 350 en sitios propios”, agregó la autoridad.
De acuerdo a datos entregados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el daño de las casas se catalogó en tres categorías (menor, moderado y mayor), lo que implicó reparaciones de diverso tipo. De las familias catastradas por la cartera, 39% ya tienen soluciones terminadas y que correspondieron a reparaciones. Luego, existe un 16% de soluciones en ejecución y un 37% de casos que, habiendo recibido un subsidio, aún no inician obras, además de un 5% con subsidio en trámite, mientras que el restante 3% son familias que aún no entregan sus antecedente para postular a un beneficio.
En la ciudad de Copiapó, que está rodeada de cerros, el agua escurrió por las quebradas e irrumpió por las principales avenidas, arrastrando todo a su paso. Uno de los lugares más afectados fue la villa Los Pintores, una población de viviendas sociales entregadas durante la década de los 80. El lugar, que alberga 122 casas pareadas, resultó completamente inundado durante la tragedia. “Estuvimos 25 días bajo una capa de 92 centímetros de barro. En todo ese tiempo nadie nos vino a ver. Con mi familia estuvimos encerrados en el segundo piso”, recordó Jessica Díaz habitante de la villa hace 37 años, quien agregó que los vecinos se sienten abandonados por las autoridades. “El intendente vino una vez, cuando logramos sacar parte del barro. Luego no vino nadie hasta la semana pasada, cuando apareció alguien del Minvu para decirnos que el plan de reconstrucción era demoler las casas abandonadas para hacer áreas verdes. ¿Cómo van a demoler la mitad de una casa pareada? Nosotros no queremos dejar la villa”, dijo Díaz.
Al respecto, el intendente Vargas comentó que le ofrecieron a los vecinos opciones de reubicación, pero la mitad se negó. “Les ofrecimos subsidios de compras y arriendo, pero prácticamente la mitad quiere quedarse, a pesar de ser una zona que puede volver a inundarse”, explicó.
El estadio Luis Valenzuela Hermosilla, renovado el año 2011, fue una de las obras públicas más afectadas. La cancha, camarines y bodegas quedaron sepultados bajo metros de lodo. Hoy, se ha logrado sacar todo el material que quedó depositado en la cancha y los camarines, pero aún queda una capa de barro seco que cubre todo el recinto.
Juan Carlos Cabezas, director nacional del Instituto Nacional del Deporte (IND) explicó que se habían terminado las tareas de remoción y que, tras estudios técnicos, comprobaron que no existen daños a la obra gruesa. El presupuesto para la reparación es de $ 2.000 millones y ya se aprobaron las bases del proceso de licitación. Sin embargo, se espera que recién a mediados de 2017 pueda volver a utilizarse.
Críticas
El senador por la región, Baldo Prokurica (RN), aseguró tener una mala opinión de la reconstrucción. “Apenas ocurrieron los hechos, la Presidenta anunció US $ 1.500 millones para enfrentar la emergencia. Pero, cuando se entregó el plan, este contemplaba sólo US$ 508 millones. El gobierno partió usurpando mil millones de dólares. Además, la ejecución presupuestaria alcanzó sólo el 72% de los recursos”, dijo el senador.
Según Prokurica, no se han realizado obras de mitigación, por lo que, ante una eventual lluvia, el desastre se podría repetir. “Estuve la semana pasada en el Río Salado. En los puentes, el espacio que hay entre el suelo y el techo, no supera un metro 70 centímetros de altura”, dijo. “Tampoco se han terminado los estudios de inundación, que determinan las zonas rojas. Las únicas casas construidas, por el Desafío Levantemos Chile, no tienen permiso de construcción por esto”, añadió.
En tanto, la senadora Isabel Allende (PS), comentó que las reconstrucciones toman tiempo, pero que el gobierno está trabajando según lo esperado: “El 24 de marzo es la ceremonia de la primera piedra para 400 casas. Esto se ha sido un trabajo en muchos frentes distintos, pero ya está repuesta la conectividad y los servicios básicos, pero queda mucho por hacer”.
“Hay que recordar que en nuestra región es difícil encontrar terrenos que sean aptos para la construcción, por lo que se han realizado estudios para asegurar que algo así no vuelva a ocurrir”, agregó Allende.