Aumenta la pugna entre taxistas y aplicaciones que ofrecen transporte
Por Arak Herrera G.
Por los servicios de Uber y Cabify:
Choferes del transporte público alegan que estas empresas son una competencia desleal por sus tarifas y por no contar con seguros.
Nicolás Sayes es conductor de taxi básico hace alrededor de nueve años. Además, es el vocero de los taxistas independientes que piden el cierre de las aplicaciones móviles Uber y Cabify, las cuales permiten solicitar el servicio de transporte con conductores de vehículos privados.
A nivel internacional, por ejemplo en febrero pasado, más de 8.000 vehículos se movilizaron en el centro de Londres para que Uber tuviera las mismas regulaciones que los taxis de la capital británica. Y estas manifestaciones se han repetido en varias otras ciudades del mundo. Pero hasta ahora poco y nada ha cambiado.
Sayes explica que quieren el cierre de estas aplicaciones, que principalmente operan en Santiago. En su opinión, “hacen un servicio de transporte ilegal, no tienen ningún tipo de seguro (…). Es una competencia desleal”.
La defensa
Carlos Schaaf, gerente general de Uber Chile, dice que la empresa nació en 2009 en San Francisco, EE.UU., mientras que aquí comenzó cinco años después, estando legalmente constituida.
Plantea que lo importante es que el servicio que se ofrece no está prohibido, “no es ilegal, y que la ausencia de una regulación adaptada no implica ilegalidad”. No obstante, el ejecutivo cree que sería necesaria una regulación.
En tanto, Agustín Guilisasti, gerente general de Cabify Chile, afirma que esa empresa partió en España hace cerca de cuatro años, mientras que en Chile opera hace tres años y medio.
“Lo que alega el transporte público es que se deberían igualar las condiciones con el mismo tipo de licencia y revisión técnica dos veces al año. Estamos a favor de que eso se regule. Pero ello no implica que se frene la innovación, que es una tendencia que trae muchos beneficios a la comunidad”, dice.
Para el seremi de Transportes, Matías Salazar, “hoy en la Ley de Tránsito se sanciona la informalidad, y esa informalidad es prestar servicios de transporte público con vehículos particulares”.
Explica que esa situación recibe una multa de hasta 15 UTM, lo que se duplica en caso de incidencia. Además, el vehículo puede ser retirado por parte de carabineros y de inspectores del Ministerio de Transportes.
