Por qué no se activó la medida que hubiera evitado el desborde del río Mapocho

Por: Pablo Obregón C.

Gobierno autorizó en septiembre de 2015 el plan de manejo del río Mapocho, incluyendo el canal que se desbordó:
Un documento del MOP del 4 de mayo de 2015 indica que la empresa contratista debe contar con 300 metros cúbicos de enrocados acopiados, a disposición de instrucciones de la DOH para eventuales intervenciones. Conocedores del proyecto dudan que la orden de la DOH haya llegado a tiempo y fuentes del MOP afirman que la medida debió activarse automáticamente cuando se decretó alerta naranja.

Cuando el agua todavía inundaba calles y estacionamientos de Providencia, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga; el ministro del Interior, Jorge Burgos, y el intendente de Santiago, Claudio Orrego, apuntaron todos los dardos contra Costanera Norte por el desborde del río Mapocho.

Hubo coincidencia total entre las autoridades: la empresa no hizo todo lo necesario para que los trabajos que se realizan en el lecho del río no generaran un desborde ante una eventual crecida, situación que, dijeron, se le advirtió a la empresa a través de una carta enviada el 12 de abril y firmada por el inspector fiscal de explotación, Enzo Estrada. En esa carta se hacía ver la presencia de piedras y tierra en Kennedy y en las calles adyacentes.

El Gobierno hizo circular rápidamente ese documento, que instala en las oficinas de la concesionaria toda la responsabilidad por el desborde. Y más tarde, puso sobre la mesa un segundo antecedente: que según el plan de contingencia vinculado al proyecto, la empresa debió haber cerrado la chimenea del túnel por donde entró el agua con un enrocado de proteccion, lo que no se hizo, según el MOP.

Sin embargo, hay documentos que relativizan lo dicho por la autoridad y que, con el paso de los días, van revelando que también puede haber responsabilidades en Morandé 59, donde opera el MOP. Una ordenanza de este ministerio, del 4 de mayo de 2015, establece que la empresa contratista deberá contar con 300 metros cúbicos de enrocados acopiados, pero a disposición de instrucciones de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), para eventuales intervenciones en caso de ser requerido. Conocedores del proyecto dudan que esas instrucciones hayan llegado a tiempo.

La misma ordenanza indica que los funcionarios de la DOH deben realizar visitas semanales a las faenas, para efectuar recomendaciones para mejorar la seguridad, lo que tampoco habría ocurrido, según esas mismas fuentes.

Fuentes del MOP, en cambio, indican que -sin perjuicio de la resolución del 9 de septiembre de 2015 en que se aprobó el plan de manejo del río- la concesionaria no cumplió con todo el plan de contingencia diseñado en abril de 2015, en el que se le pide a la empresa que, ante la eventualidad de una alerta naranja (que fue lo que se presentó el fin de semana pasado), deben retirar automáticamente todas las rampas de acceso al río y cerrar las defensas con enrocado de protección.

El plan se consideró adecuado en materia de riesgos

A esto se suma otro elemento: “El Mercurio” tuvo acceso a una resolución del MOP con fecha 9 de septiembre de 2015, firmada por el mismo inspector fiscal que hizo la recomendación de remover piedras y tierra, Enzo Estrada, en que el Gobierno acepta el plan de manejo del río Mapocho para la temporada que va desde septiembre de 2015 a abril de 2016. Para tener una idea, el plan de manejo del río Mapocho aborda las obras provisorias, desvíos y canalización de las aguas, datos sobre las crecidas, longitud de la canalización, ancho, pendientes, etc.

“En relación con el plan mencionado, en líneas generales, se considera adecuado y permitirá desarrollar las actividades informadas por el concesionario, acotando los riesgos para ese sector del cauce del Mapocho”, indica esa resolución del MOP.

El mismo documento da cuenta de que el Ejecutivo visó la capacidad máxima del canal que se desbordó. El documento señala, en su punto tres letra B, que las crecidas consideradas para el diseño del proyecto corresponden a las del mes más desfavorable del período; es decir, octubre, con un caudal de 79 metros cúbicos por segundo. Ese canal reventó cuando el caudal del río sobrepasó los 120 metros cúbicos.

Conocedores del proyecto agregan que el oficio del 12 de abril de este año -en la antesala de la crisis-, en que el MOP solicita a la concesionaria limpiar posibles acopios de material, no se relaciona con el cauce del río sino con las vías externas, como Kennedy. “Esa instrucción no tiene relación con lo acontecido en el cauce del río la madrugada del 17 de abril. Esa instrucción es casi un copy paste de un oficio que el MOP presentó para el invierno 2015”.

Esas fuentes hacen alusión a una carta enviada por el MOP el 5 de junio de 2015, en que, utilizando prácticamente la misma redacción que en el oficio de 2016, el entonces inspector fiscal de explotación Mirko Ivanovic hace ver que “se ha detectado presencia de acopio de materiales pétreos y movimientos de tierra adyacentes a la vía concesionada, tanto en Kennedy como en el sistema oriente-poniente”. La misma advertencia que este año.

Costanera pagará a afectados, pero podría haber demandas

La propia concesionaria se ha comprometido a reparar los daños. Sin embargo, eso no significa que el tema se resolverá sin un paso por tribunales. Cercanos a Costanera Norte indican que la concesionaria podría iniciar acciones legales en contra de Sacyr, la constructora contratada para ejecutar las obras. En el contrato entre Costanera Norte y Sacyr existen cláusulas sobre el daño reputacional que podrían activarse ante esta contingencia.

FUENTES DEL MOP indican que la concesionaria no cumplió con todo el plan de contingencia, en el que se le pide a la empresa que, ante una alerta naranja, deben retirar todas las rampas de acceso al río y cerrar las defensas con enrocado de protección.

Juan Eduardo Saldivia, presidente de Copsa: “Si el caudal hubiera sido lo que establecía la resolución, no estaríamos frente a este problema”El abogado Juan Eduardo Saldivia ha seguido desde la primera línea el efecto de las inundaciones del fin de semana pasado, tanto en lo que concierne a Costanera Norte como al suministro de agua. En el primer caso, porque es el presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) y, en el segundo, porque su carrera profesional está indivisiblemente relacionada con el tema del agua: fue superintendente de Servicios Sanitarios durante los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y de Ricardo Lagos. Además, fue subsecretario de Obras Públicas en el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

-¿Cómo evalúa la reacción del Ministerio de Obras Públicas tras los efectos de la inundación?

“El MOP está haciendo su trabajo, con mayor o menor histrionismo, pero está haciendo su trabajo. Tiene que investigar y determinar en el ámbito administrativo las responsabilidades”.

-¿Quién es el responsable de esta crisis?

“Hay que distinguir dos aspectos: primero, quién va a responder a los afectados. Está claro que está respondiendo tanto Costanera Norte como Sacyr. El segundo momento es el de la determinación de las responsabilidades finales, si son exclusivas de Costanera, de Sacyr, de un contratista que haya tenido Sacyr, si son del ministerio o son una combinación de todas. Ese momento no ha llegado, por eso el ministerio ha ordenado sumarios y lo más probable es que haya juicios. Lo relevante es la capacidad de las concesionarias de solucionar el problema operacional. En menos de tres días, Costanera Norte estaba operando normalmente. Después vendrá si Costanera Norte demanda para arriba o si el Estado termina sancionándola”.

-¿Faltó fiscalización del MOP?

“Será la investigación la que determine hasta dónde hay responsabilidad pública o hasta dónde hay responsabilidades de la asesoría de inspección fiscal o responsabilidades de las mismas relaciones del contratista y subcontratista, porque si Sacyr tenía un subcontratista que era responsable de ese pedazo de la obra y Sacyr tenía que fiscalizar y no lo hizo… Son cosas que no tenemos arriba de la mesa”.

-Un oficio del MOP de 2015 muestra que el Gobierno aprobó el plan de manejo del río propuesto por la concesionaria. ¿Por qué, a su juicio, el Gobierno señala que la responsabilidad total es de Costanera Norte si el canal que se desbordó fue aprobado por el MOP?

“Tenemos que pensar en si esa autorización del Gobierno se dio tomando en cuenta los criterios generales históricos y si lo que nos pasó escapa a esas estadísticas históricas. Yo me tiendo a inclinar, pero es una apreciación preliminar, que parte de lo que ocurrió es que el caudal es superior a lo que se estimó en esa resolución. Si el caudal hubiera sido lo que establecía la resolución que aprobó el plan de manejo, no estaríamos frente a este problema”.

-El MOP le advirtió a Costanera que venía esta lluvia inusual y le pidió a la empresa despejar las vías de piedras, tierra, etc. ¿Esa advertencia no es prueba suficiente de que hubo algo que la empresa no hizo para evitar el desborde del río?

“Es temprano para dar una respuesta a aquello, uno puede tener una cierta apreciación. Yo he escuchado opiniones que dicen que ese acopio de material y la existencia de materiales no tienen ninguna relación con el desborde del río, pero son opiniones”.

-Las advertencias verbales, por WhatsApp, ¿tienen alguna validez legal?

“Frente a una emergencia, todo medio de comunicación tiene alguna validez y si hay un juicio, van a constituir antecedentes probatorios”.

-¿Este tipo de incidentes constituyen una amenaza importante para el sistema de concesiones?

“El sistema de concesiones es una política pública exitosa, que ha permitido la inversión de más de US$ 17 mil millones y el desarrollo de infraestructura de conectividad. Ha enfrentado problemas significativos: terremotos, sin duda el más grande el del 27-F, en que el sistema de concesiones demostró su capacidad de resiliencia. Hay muchas obras públicas fiscales que todavía no han sido reconstruidas y el sistema de concesiones en menos de tres días tenía operativa la Ruta 5 y en un año, reconstruido todo”.

-En lo relativo al corte de agua, ¿qué le parecen las críticas que apuntan a que el Estado ha sido laxo con las empresas que operan en sectores regulados con tal de atraer inversiones?

” No comparto para nada ese juicio. El déficit de infraestructura se ha ido disminuyendo a través del sistema de concesiones. Pero, junto con eso, el Estado fortaleció su capacidad de fiscalización, se modificó la ley que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios y se le dieron facultades y capacidad de sanción que eran más altas que las que tenía la Superintendencia de Bancos. Fue la primera superintendencia reformada en los noventa para tener musculatura para relacionarse con el sector privado”.