Industria del reciclaje analiza los retos de la nueva ley del sector
El pasado 5 de abril, y luego de estar cerca de tres años en trámite, el Congreso despachó la Ley de Fomento al Reciclaje. Este cuerpo legal permitirá establecer una política pública en materia de recuperación de residuos. De esta manera, una serie de productos que se comercializan en el mercado nacional, serán recolectados y valorizados.
Seis productos fueron establecidos como “prioritarios”: aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, pilas, envases y embalajes y neumáticos. Fueron categorizados de esta forma por ser de consumo masivo, de volumen significativo, la mayoría (cuatro de ellos) son residuos peligrosos y son factibles de valorizar.
La ley crea la Responsabilidad Extendida al Productor (REP), que impone las siguientes obligaciones a quienes producen o importan productos prioritarios: registrarse en un catastro público de empresarios y/o fabricantes; organizar y financiar la recolección y tratamiento de productos recolectados a través de un sistema de gestión; asegurar que el tratamiento de esos residuos se realice por empresas autorizadas, y cumplir las metas de recolección y de valorización de estos productos.
El Ministerio del Medio Ambiente, junto a la firma Gerdau Aza (principal reciclador de chatarra de acero del mercado) y a la Asociación de Industriales del Plástico (Asipla), analizan las ventajas y desventajas que supone la concreción de esta ley.