Puente Cau Cau: indagan delitos de prevaricación y fraude al Fisco
Los presuntos delitos de fraude al Fisco y prevaricación administrativa -cuando un funcionario público resuelve arbitrariamente y en conocimiento de que el fallo es injusto-, son la línea que ha llevado la investigación sobre el cuestionado aumento de $ 1.800 millones al presupuesto constructivo del puente Cau Cau, en Valdivia, que lleva la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona Metropolitana Centro Norte.
La indagatoria, de carácter desformalizada, está en manos del fiscal José Morales hace unos ocho meses, luego de que la Contraloría detectara incompatibilidad del entonces director general de Obras Públicas, Javier Osorio, de visar dicho monto, porque antes de asumir su cargo trabajó para la empresa Azvi, que estaba construyendo el puente basculante.
El senador de la zona, Alfonso De Urresti (PS), quien ayer se reunió con el fiscal para entregarle nuevos antecedentes, dijo que “aquí claramente se está constituyendo una prevaricación administrativa y también fraude al Fisco. Estamos frente a un escándalo que ya ha costado más de $ 22 mil millones y con la demolición del puente superaremos los $ 30 mil millones. Es vergonzoso, algo que le hace mal al país y a la imagen del Ministerio de Obras Públicas, y para qué decir a la comunidad valdiviana”.
De Urresti explicó que el fraude se explicaría no sólo por los $ 1.800 millones adicionales que se pasaron a Azvi, sino también por “otros aumentos de obras, por la plata que se le ha pagado a la asesoría de inspección fiscal, pero sobre todo por la calidad del trabajo de esa asesoría; por ejemplo, no existe ninguna trazabilidad del acero, no se puede saber de dónde proviene (ver recuadro). Ese es el nivel de incompetencia e irresponsabilidad en esta obra”, dijo el parlamentario, quien llamó al Consejo de Defensa del Estado a hacerse parte en la causa.
El acalde de Valdivia, Omar Sabat, interpuso una querella por fraude al Fisco contra quienes resulten responsables, luego de que salieran a la luz los correos electrónicos entre el inspector fiscal del MOP, Walter Wilson, y personal de la empresa Zañartu, que lo asesoraba en la construcción del puente, y donde se advertían problemas en la obra.
El alcalde dijo que “aquí existió un engaño, se ocultó información relevante para la obra y eso es una infracción a un deber de uno o más funcionarios, lo que produjo un deterioro económico enorme al Fisco”. En la acción legal, el jefe comunal pide la intervención del correo electrónico del último inspector fiscal del proyecto, Walter Wilson; la exhibición de todos los informes contratados por el MOP y la toma de declaraciones a cinco trabajadores del MOP, Azvi y la empresa asesora a la Inspección Fiscal, Zañartu.
Hoy, al mediodía, la bancada de diputados de RN analizará pedir una comisión investigadora. Así lo planteó el diputado por Valdivia, Bernardo Berger (RN): “Aquí hay responsabilidades que en ámbito público cabían exclusivamente al MOP. No descartamos ninguna vía que asegure precisar estas responsabilidades”.