Proyecto busca crear inédita empresa estatal para financiar obras públicas y transporte
Por: Manuel Valencia.
Fondo de Infraestructura se iniciaría con US$ 9.000 millones: En una especie de “bicicleta”, sistema utilizará fondos que se liberarán en el futuro, una vez que culmine una concesión, para utilizarlos en inversiones en el presente.
Como la iniciativa más importante en 20 años, luego de la creación del sistema de concesiones, fue presentado ayer el proyecto de ley que busca crear una nueva sociedad anónima del Estado, que será encargada de administrar y generar un fondo de infraestructura.
Según el Gobierno, la idea -imitada de experiencias europeas y asesorada por organismos como la OCDE y el FMI- busca asegurar el financiamiento estatal para obras públicas y vialidad y equipamiento de transporte público como corredores y paraderos, además de sistemas de movilidad masiva, como trenes de cercanía.
La Presidenta Michelle Bachelet dijo que el fondo de infraestructura “va a contar con un patrimonio propio para el desarrollo de sus objetivos. Para velar por el principio de responsabilidad fiscal se ha establecido que debe orientarse a la sostenibilidad financiera de sus proyectos”. En tal sentido, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aseguró que la futura empresa estatal estará obligada a generar utilidades y autosustentarse.
De operar, la empresa captará recursos proyectados de actuales concesiones viales (ver recuadro), a través de los peajes. Esos montos servirán para financiar proyectos de inversión estatal directa en zonas donde no exista interés ni rentabilidad para empresas privadas o podrá concesionar otros desarrollos.
El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, dijo que la captación de recursos no implicará alzas en los peajes, sino que se establecerá que el precio de ellos se mantenga, al momento de reconcesionar.
En total, se estima que el fondo se iniciaría con US$ 9.000 millones provenientes de los ingresos netos de los peajes de todas las concesiones viales, tras el descuento de otros US$ 9.000 millones por concepto de mantención de vías.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Jorge Mas, aseguró que la herramienta “permite independizar el gasto corriente del presupuesto del país (…). Ya hay un déficit de infraestructura crítica a 10 años, de US$ 51 mil millones”.
”Podríamos pensar que con un peaje de carreteras no solo se paguen las obras de esa vía, sino transporte público”.
ALBERTO UNDURRAGA
Ministro de Obras Públicas
”Si se arma bien esta empresa puede generar varios miles de millones de dólares de capacidad de nuevas obras”.
JUAN EDUARDO SALDIVIA
Presidente de Copsa
”Si es bien administrada y con el gobierno corporativo que se dará, es suficiente garantía para asegurar que los recursos van a ser bien utilizados”.
CARLOS CRUZ
Presidente Consejo de Políticas de Infraestructura
Sistema anticipa ingresos futurosFuncionamiento El proyecto de ley anunciado ayer establece que el Estado adelanta ganancias futuras que, según se proyecta, entregarán las concesiones viales una vez que terminan sus contratos de concesión. Parte de esos recursos se “trae” a valor futuro y se invierte en el presente, mediante instrumentos fiscales. Luego, esos recursos se “devuelven”, al llegar el término de la concesión, tal como si fuese un préstamo.
Peajes En esta iniciativa solo se contemplan los recursos obtenidos en peajes, no los originados en concesiones aeroportuarias y de otro tipo. Se estima que, en total, los peajes del país generarían ingresos por US$18 mil millones, pero de estos se descuenta cerca de la mitad, que se utiliza para la mantención de las vías. La otra mitad, considerada ganancia neta, es la que se adelanta a valor presente y se incorpora en el patrimonio de la futura empresa pública.
Directorio Será nombrado por la Presidenta: dos miembros a propuesta del MOP y otros tres por la Alta Dirección Pública, que deberán ser independientes y no podrán ocupar cargos de representación ni gremiales. Sus funciones no coincidirán con los períodos de Gobierno, con el objetivo de garantizar que las inversiones que se definan sean de Estado y no de un gobierno en particular.
