Transantiago: grupo colombiano inicia demanda contra Chile ante el CIADI y reclama US$ 89 millones
Por Manuel Valencia.
Fanalca, controlador de Subus, advierte que su situación es “insostenible”
Autoridad replica que en nueve años el operador ha acordado diez cambios de contrato y que siempre tuvo a la vista los indicadores de operación y evasión.
A casi una década de que el Transantiago iniciara sus operaciones, la empresa Subus, que con un 20% es uno de los mayores operadores del sistema, sufre una serie de dificultades económicas que ponen en riesgo su continuidad.
Según el último balance de la Superintendencia de Valores y Seguros, Subus perdió $26.514 millones en 2015, debido a la baja de pasajeros y una evasión de 32,4%, según la última medición de los pasajes impagos.
Frente a estos problemas, la empresa ha pedido un reajuste del pago por pasajero transportado que recibe, y que promedia cerca de $631, el más alto entre los operadores del sistema.
En una reciente entrevista con “El Mercurio”, el gerente general de Subus, Andrés Ocampo, advirtió que “no vemos como una opción que el pago a la empresa no sufra modificaciones. Ahora, de no actuar los mecanismos del contrato, los problemas serían más graves no solo para la empresa, sino para todo el sistema”.
Continuidad en riesgo
Esa advertencia, hecha el 16 de abril, cobró fuerza ayer con el inicio de una demanda de Fanalca -consorcio colombiano que controla Subus- contra el Estado chileno. La presentación se hará ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, instancia en que privados y gobiernos resuelven controversias contractuales.
Una carta enviada por Fanalca a la Cancillería, a la que tuvo acceso “El Mercurio”, señala que pese a informes de Deloitte y del Dictuc no ha habido cambios en los contratos: “La situación de Subus es actualmente insostenible, el punto que se está poniendo en riesgo la continuidad y viabilidad operativa del servicio de transporte que presta directamente a casi un millón de personas en las zonas más pobladas y con menores recursos de la Región Metropolitana, así como el empleo de más de 6.000 trabajadores, agrupados en 74 sindicados”.
De no haber una solución, la empresa reclama el pago de US$ 89 millones, “sin perjuicio de otros derechos y acciones”.
Ante este anuncio, el director de transporte público metropolitano, Guillermo Muñoz, respondió que solo se ha planteado una ronda de negociaciones amistosas, establecida en el acuerdo de libre comercio entre Chile y Colombia. “Subus ha tenido a la vista siempre las condiciones de operación que Transantiago tenía. Hay ya nueve años en que la empresa ha estado operando. Han mediado 10 modificaciones contractuales, y en todas ellas se ha generado un acuerdo mutuo de finiquito y de nuevas condiciones (…) Siempre la empresa tuvo a la vista condiciones de evasión, operación e infraestructura. Se tuvieron muchísimas oportunidades para resolver estas situaciones, si es que eran tan graves, en las modificaciones contractuales anteriores”, añadió.
Para el ex coordinador de Transantiago Raimundo Cruzat, el caso es delicado: “Puede generar una mala impresión en el proceso de la nueva licitación que se avecina. Debe resolverse de forma pacífica pronto”.
Depreciación
Según la carta, “la inversión realizada por el Grupo Fanalca en Subus ha perdido prácticamente todo su valor”. Otras demandas que ha enfrentado ChileEn los últimos 20 años, varias compañías han acudido ante el CIADI para reclamar presuntos incumplimientos del Estado chileno. Estos son algunos casos.
Diario Clarín.
En 2008, Víctor Pey ganó un primer juicio contra Chile por perjuicios por el cierre del diario Clarín, que obligaba al Estado a pagar US$ 10 millones. El fallo fue anulado en 2012. Luego hubo una nueva presentación contra Chile, que aún se tramita.
MTD.
El grupo de inversionistas malayos MTD ganó una demanda a Chile en 2007 tras no haber podido desarrollar un proyecto inmobiliario en Pirque. Chile debió pagar US$ 5,8 millones.
Pesquera Eduardo Vieira.
Chile ganó en 2010 contra el grupo pesquero español Eduardo Vieira, que acusó al fisco de denegar permisos para capturar merluza austral.
Lucchetti.
En 2001 el grupo Luksic demandó al Estado peruano por no permitirle operar su planta de Lucchetti en Lima. En 2007, el CIADI determinó que la demanda carecía de legitimación para acceder a esa instancia internacional.
