Endesa aprueba con condiciones acuerdo de Pehuenche con regantes del Maule
Por A. Eyzaguirre.
La generadora tiene el 92,65% de eléctrica:
Ahora la empresa se habría comprometido, entre otras cosas, a entregar el 8% de los ingresos que se reciban por la generación de electricidad asociada a algunos caudales.
Al menos dos condiciones habría planteado ayer el directorio de Endesa para aprobar un acuerdo entre su filial Pehuenche (del que tiene el 92,65% de la propiedad) y la mayor parte de los regantes del Maule, agrupados en la Asociación Canal Maule (ACM). Este tiene como objetivo finalizar el conflicto que existe desde 1996, y que estaba ad portas de escalar a la Corte Suprema.
La mesa de la eléctrica solicitó un informe para clarificar el acuerdo y pidió contar con la aprobación de otros minoritarios de Pehuenche, que no habrían sido consultados. El principal es Inversiones Tricahue.
Pero, el 20 de mayo, algunos regantes, agricultores y miembros de la cuenca del Maule, que dicen ser un tercio del total, enviaron una carta al directorio de Endesa, alertando sobre las “graves consecuencias que conllevaría aprobar el acuerdo de transacción suscrito entre el directorio de la ACM, y Pehuenche”.
El convenio, entre otras cosas, propone que Pehuenche “podrá generar en su central los caudales asociados a los derechos de aprovechamiento del Canal Maule Norte Bajo, debiendo como contrapartida pagar de manera perpetua a la ACM una suma equivalente al 8% de los ingresos que se reciban por la generación de dichas aguas (monto anual estimado: $1.200 millones)”, indicó la carta. Fuentes de Endesa señalaron que las personas que enviaron la carta no serían más del 3% de los regantes.
Pese a esto, en la misiva firmada por Claudio González y Jaime Exequiel Monsalve -presidentes de Comunidad Canal Maitenes y de Comunidad de Aguas Canal Figalem, respectivamente- advirtieron que no se oponen a la transacción como mecanismo de solución, sino al “contenido y forma como ese acuerdo se ha materializado”. Dijeron que se “pretende terminar de forma absolutamente unilateral, inconsulta, y abusiva con la demanda y recursos judiciales”. Agregaron que el acuerdo carece de valor jurídico al no contar con la venia de todas las partes ni tener la aprobación de los titulares de los derechos de aguas, y al pretender cambiar un punto de captación de derechos de aprovechamiento por acuerdo privado, y no mediante el procedimiento del Código de Aguas.
