Transantiago: gobierno advierte que no habrá rescate financiero a empresas
Por: D. Astudillo, M. Miranda y O. Fernández.
En medio de la crisis económica que viven dos de las principales empresas operadoras del Transantiago, Alsacia y Subus, el gobierno anunció que no hará un rescate económico a las compañías ante el déficit financiero que presentan.
Ambas firmas, que en su conjunto concentran el 41% de los servicios del sistema de transporte en superficie, enfrentan un momento decisivo respecto a su continuidad. Según el ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, hoy vence el plazo en que Alsacia -que posee el 25%- pague un bono en el exterior. Fuentes de las empresas plantean que es complejo que cumpla con el compromiso. La concesionaria declinó referirse al tema.
Consultado ante un posible reajuste de los ingresos a estas empresas, el secretario de Estado aclaró ayer que “no vamos a hacer un rescate financiero” de las compañías, sino que sólo se cumplirá con los recursos contemplados en los contratos. De hecho, la empresa Subus solicitó que el Estado le reajuste la tarifa por nuevos gastos, como sería que sus conductores fueran catalogados en la categoría de “trabajo pesado”, lo que implica mayores egresos.
El ministro Gómez-Lobo detalló que los incumplimientos en sus servicios ha llevado a que Alsacia haya sido sancionada con descuentos que ascienden a $ 10 mil millones por año (US$ 15 millones) (ver infografía).
En el caso de Subus -que posee un 16% del sistema- se acogió a la ex Ley de Quiebras por las deudas que posee con sus acreedores y que ascienden a US$ 180 millones, en especial con el banco EKN de Suecia. Hoy, el 17° Juzgado iniciará el proceso de revisión del caso.
Según Transportes, a pesar de este escenario, no está comprometida la operación en las calles, ya que los costos operativos se encontrarían cubiertos.
Resultados
¿Por qué los operadores más grandes del mercado llegaron a esta situación? “Porque tienen malos resultados operacionales y hay una mala valoración de los usuarios del servicio”, dijo Guillermo Muñoz, director del Directorio del Transporte Público Metropolitano (DTPM). Según el último estudio de esa entidad, Alsacia y Subus, tuvieron el peor desempeño en regularidad (intervalo en que un bus pasa por un punto) en la última medición y por ello sumaron las mayores cifras en sanciones.
Muñoz agregó que los indicadores que muestran esas firmas “van unidos a la responsabilidad de los administradores, que los llevó a una incapacidad de saldar las deudas”.
Diego Muñoz, vocero de la empresa operadora STP, afirmó que entre los factores que afectan a las empresas del sector está “el deterioro de la velocidad de los buses, por lo que el Estado los sanciona con altas sumas cada mes al no cumplir con los kilómetros comprometidos”.
Raimundo Cruzat, ex coordinador del Transantiago, dijo que hay razones clave para entender el escenario de las empresas, como haberse hecho cargo de una gran cantidad de recorridos, el uso de buses articulados (los que generan mayor costo) y cambios permanentes en la administración de las firmas.
Licitación
Carlos Melo, secretario técnico que está a cargo de la licitación de los recorridos del Transantiago en 2017, afirmó que los privados que postulen a este proceso deberán pasar por una evaluación financiera, lo que incluiría también a los que pretendan renovar sus contratos. “La idea es que sean empresas sostenibles en el tiempo”. Añadió que se evalúa revisar la estructura de las empresas participantes (cómo se conforman en base a deuda y capital), con lo que se puede conocer si ello incidirá en su operación.
El sector privado plantea que se deben modificar las exigencias que se le hace a las compañías en la futura licitación. Víctor Barrueto, presidente ejecutivo de la Fundación Transurbano, dijo que, además de la situación de Subus y Alsacia, el resto de las empresas están a ras “desde el punto de vista financiero”.
Añadió que los incentivos y sanciones a los concesionarios “tendría que estar más asociado a la percepción de calidad de servicio que tengan los usuarios”.
El ex ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, afirmó que entre los cambios que deberían introducirse en 2017 está que haya un mayor número de empresas participando en el mercado. “Esto permite que si incumplen un contrato, sea más fácil sacarlos del sistema”, dijo.
