La historia del puente que no sirve
Por: Paola Moreno.
El Serviu de la Región de O’Higgins trabaja actualmente en un proyecto que permitiría disminuir la congestión vial que se registra, desde hace 10 años, entre Machalí y Rancagua. La iniciativa, denominada “Mejoramiento interconexión vial eje Escrivá de Balaguer con avenida República de Chile”, considera una inversión de $ 225 millones y un puente. Y es allí, justamente en ese punto, donde radica una de las polémicas de la iniciativa.
Los trabajos, en su conjunto, buscan descongestionar la avenida San Juan, una de las vías principales que día a día colapsa en Machalí, comuna que cuenta con más de 50 mil habitantes.
A fines de junio pasado finalizó el diseño del proyecto para la apertura de la Avenida República. Este contempla la extensión de casi cuatro kilómetros de longitud, pero también la construcción del mencionado nuevo puente sobre el canal La Compañía.
¿Por qué uno nuevo? Debido a que existe otro, pero que no se utiliza. El intendente de O’Higgins, Pablo Silva, fue claro: “Si corroboramos que están mal utilizados los recursos, hay que hacer las investigaciones sumarias correspondientes; eso lo determinará la investigación. Y si la Contraloría nos señala algo tendremos que aplicar lo que corresponda”, advirtió la autoridad.
Para entender la historia hay que remontarse a 2013, cuando la Municipalidad de Machalí presentó el proyecto “Construcción puente y acceso canal La Compañía”, que fue aprobado y financiado por el Gobierno Regional, a través de recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local.
Aunque era una medida provisoria, para enfrentar la congestión vial, el puente La Compañía, construido a fines de 2014, hoy en día efectivamente no se utiliza y está abandonado en un predio agrícola. Es decir, la obra se construyó en un terreno privado, fuera de la faja de bienes de uso público. Por ello, el alcalde José Miguel Urrutia instruyó ya un sumario para determinar responsabilidades.
La construcción consiste en un cajón de hormigón armado, de 5,80 metros de ancho por seis metros de largo, e iba a conectar a esa comuna con Rancagua, pero no está conectado a ninguna ruta pública. Por allí no pasan vehículos. Sólo tiene unos pocos metros de asfalto hacia adelante y hacia atrás.
Sin embargo, no está resuelto si el municipio debe reintegrar los recursos fiscales de su costo, el que alcanza a los $ 80 millones. El intendente Silva solicitó un informe completo, tanto al municipio como al Serviu, que busca “esclarecer toda la situación y se enviarán los antecedentes a la Contraloría”, aseguró.
Desde el municipio de Machalí se informó que el terreno para el puente fue cedido por un particular. El intendente, sin embargo, insiste que “está mal emplazado. Si nos piden financiamiento para una obra, tienen que dar fe de que será bien instalada”.
Otro punto central en este conflicto es respecto de quién autorizó el lugar de emplazamiento de la obra. Según el director regional del Serviu, Víctor Cárdenas, la autorización de ese organismo sólo estaba relacionada con el diseño técnico, que debía ejecutar el municipio.
“En mi época como director, no recuerdo que se nos haya consultado (el lugar de emplazamiento). Si se hizo alguna consulta, pudo estar asociada al diseño técnico, pero donde se emplaza la obra no es responsabilidad nuestra”, afirmó.
Lo concreto -recalcó Cárdenas- es que el puente fue construido “en un terreno privado y no en la faja que es para uso público. La ubicación está dada por el mismo plano que aprobó la municipalidad, cuando se subdividió el terreno para ceder la faja como bien nacional de uso público”.
El seremi de Transportes, Francisco Lara, fue claro. Estimó que el municipio debe devolver el dinero del proyecto del puente “si, efectivamente, fue mal construido, es inutilizable y hubo un mal gasto de recursos”.
Agregó que “una cosa es que ese puente nunca se vaya a utilizar, y la otra es que efectivamente esos recursos hayan sido mal utilizados. En ambos casos es grave”.
