Afinan cambio a sistema de evaluación social para evitar fracaso de proyectos

Por Manuel Valencia.

Especialistas dicen que hoy no se logran medir todos los impactos de las obras:

Además, el Consejo de Desarrollo Urbano busca modificar la estrategia para que se analicen planes con diversas intervenciones, con el objetivo de asegurar la aprobación financiera de las iniciativas.

A ocho meses de iniciarse la actual administración, un plan con proyectos de transporte por US$ 4.200 millones anticipaba obras como modernos teleféricos para Iquique, Antofagasta y Valparaíso, además de un nuevo acceso y una prolongación de la circunvalación de avenida Alemania, en esta última ciudad.

Sin embargo, a dos años de las promesas, los anuncios parecen zozobrar: recientemente las autoridades regionales informaron que parte de esos proyectos no se podrían concretar porque, según análisis de entidades como el Serviu regional, su rentabilidad social es negativa.

Esa rentabilidad es analizada por el Ministerio de Desarrollo Social y permite jerarquizar los recursos fiscales en función de la conveniencia e impacto social que tendrán los proyectos.

En otras situaciones, para que algunas obras logren ejecutarse, deben hacerlo con una capacidad de diseño inferior: un caso emblemático es el del aeródromo de Mocopulli en Castro, que se construyó con un ajustado terminal de 1.000 m {+2} , que, apenas inaugurado, se hizo insuficiente para los 70 mil pasajeros anuales que recibe. Las autoridades de la época explicaban que si se hubiese construido con la holgura necesaria (2.824 m {+2} ), no habría sido aprobado socialmente.

También sucede que obras que enriquecen una obra vial como, por ejemplo, áreas verdes o elementos de seguridad, terminan restando puntos a la evaluación, lo que deriva en reveses.

“Si bien el sistema de evaluación de inversiones chileno funciona razonablemente bien y goza de reconocido prestigio, debe seguir mejorando. A modo de ejemplo, se debe perfeccionar el cálculo de los precios sociales, incluir potenciales efectos indirectos en comercio y turismo para proyectos de transporte”, explica Slaven Razmilic, especialista del Centro de Estudios Públicos. Añade que en obras como vialidades, más allá del ahorro de viaje, no se calcula adecuadamente las plusvalías que generan los proyectos. Entre ellos -afirma- está la atracción de comercio, incrementos de densidad, entre otros.

Estos déficits del sistema de evaluación han sido discutidos en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU). Según su presidente, Luis Eduardo Bresciani, “debido a que el actual sistema de evaluación social de proyectos públicos no garantiza calidad de las obras, equidad, validación de la comunidad o integralidad para resolver impactos, urge cambiar la forma de priorizar la inversión pública, de lo contrario las decisiones populistas nos invadirán. Para lograr esta meta, el CNDU ha propuesto superar la evaluación fragmentada de proyectos, por la evaluación de planes urbanos, que garanticen una visión más integral, participativa y transparente del gasto público”.

En esa línea, el Ministerio de Desarrollo Social está modificando el sistema de evaluación para introducir los llamados proyectos integrados, que incluyen diversas obras con un desafío común. “El ministerio ha estado trabajando en el desarrollo de una metodología, la que además contará con la opinión de académicos de diversas universidades, para lo cual prontamente se conformará una mesa técnica. Se espera concluir con una propuesta el primer trimestre de 2017”, señala la subsecretaria de evaluación social, Heidi Berner.

“La evaluación social de proyectos permite generar una cartera de inversión socialmente conveniente, y es la autoridad la que prioriza en la cartera y decide los que son ejecutados”.
HEIDI BERNER
Subsecretaria de evaluación social

“El análisis tradicional de costo-beneficio podría complementarse con otros multicriterios para priorizar entre proyectos con rentabilidad social similares”.
SLAVEN RAZMILIC
Especialista Centro de Estudios Públicos