Justicia acoge extender plazo para que Subus llegue a acuerdo con acreedores
Por: Oriana Fernández.
A un mes de que Subus, el segundo mayor operador del Transantiago, comenzara un proceso de reorganización al amparo de la ex Ley de Quiebras por las deudas que mantiene con la banca, la jueza del 17° Juzgado Civil, Rocío del Pilar Pérez, aceptó extender en 30 días el proceso para que ambas partes lleguen a acuerdo.
La concesionaria solicitó a la justicia la apertura de un proceso de negociación con sus acreedores -por deudas que ascienden a US$180 millones- que sería zanjado el 2 de agosto de este año.
Sin embargo, el jueves recién pasado, el tribunal aceptó ampliar hasta el 7 de septiembre próximo la discusión para alcanzar un consenso de cómo y cuándo se pagará a esas corporaciones.
Para saldar los compromisos Subus debió presentar una propuesta de acuerdo a los acreedores a mediados de este mes, el que incluye una programación para la entrega de recursos. En el escrito, la compañía pidió que las empresas le entreguen un plazo de gracia (hasta el 31 de diciembre) para comenzar a cumplir con sus compromisos financieros. Además, Subus señala que podría pagar en cuotas su deuda, comenzado el próximo año y hasta el 2020. En el caso de que estas compañías no acepten, la firma entrará en un proceso de liquidación o quiebra.
Revisión
En el documento de acuerdo se describe que se podría llegar a un consenso con la banca en el caso de que el Ministerio de Transportes entregue fondos a la empresa, luego de la revisión excepcional de los contratos, que se realiza cuando los costos de las operaciones suben.
En el oficio, la firma del Transantiago pide a los acreedores que se nombre a un “interventor concursal” en la negociación de los contratos con el Ejecutivo. Se sostiene que el gobierno debería terminar el análisis de los contratos el 31 de septiembre próximo.
Este planteamiento fue calificado como “inaceptable”, por el Gobierno. Guillermo Muñoz, quien encabeza el Directorio del Transporte Público Metropolitano (DTPM), dijo que “ellos condicionan su proceso de reorganización al resultado de la revisión de contratos. No tenemos nada que ver entre las partes y ese acuerdo no puede ponernos plazos ni involucrarnos”.
A la vez, el Ejecutivo se ha reunido con los acreedores del concesionario, aunque se había señalado que las deudas eran un asunto entre privados. “Estamos conversando con todos los actores para conocer su posición y el estado de la firma”, añadió Muñoz. Debido a que los procesos judiciales han involucrado al Ejecutivo, Transportes contrató al estudio jurídico Carey&Allende, para asesorarse sobre la ley de quiebras.
