Afectada por desborde de Mapocho: “Contrato reparatorio es abusivo”
Por O. Fernández.
Firma Sacyr condiciona indemnización por $ 250 mil a no hacer público el caso durante diez años.
“Más que un contrato es una ley ‘mordaza’ debido a su carácter abusivo. Coarta la libertad de expresión, tanto como el ejercicio de mi profesión”. Así describió María Teresa Nielsen -dueña de un automóvil que resultó destruido por la inundación del río Mapocho, en abril pasado- el documento de confidencialidad que la empresa liquidadora de la constructora Sacyr le presentó para permitirle cobrar un pago por los daños.
Nielsen relató que su vehículo fue sepultado por agua y barro en el subsuelo de un edificio ubicado en las calles Andrés Bello con Santa Magdalena, tras el desborde del cauce generado por las obras de Sacyr, contratada por Costanera Norte. La afectada sostuvo que, a tres meses del evento, la compañía liquidadora aceptó indemnizarla con $254.082 (los costos principales los cubrió su póliza).
Para ello, la firma le envió una propuesta de contrato para zanjar la indemnización donde “me prohibían dar entrevistas y hacer declaraciones complementarias a cualquier medio, sea escrito, radial, electrónico o televisivo”, como también en redes sociales. Nielsen agregó que el punto más polémico es que se le impidió emitir declaraciones “contra la concesionaria Costanera Norte, Sacyr y el Ministerio de Obras Públicas, obligaciones de confidencialidad con una duración de 10 años”.
Por ello, se negó a firmar y no se le entregaron los recursos. “¿Por qué estas empresas exigen que no se critique al gobierno? ¿Hay algún acuerdo entre las partes que los afectados no sabemos?”, añadió.
Las firmas Sacyr, Costanera Norte y el MOP no se refirieron al tema. Agregó que se le advirtió que “la infracción de esta obligación daba derecho a Sacyr a solicitar la devolución de la suma pagada”.
Demanda
Otros afectados por el desborde del Mapocho dicen que, debido a que las compañías no les han respondido por los daños a sus propiedades, interpondrán acciones legales. Catalina Infante, dueña de la editorial Catalonia, dijo que “no nos parece que hagan firmar este tipo de documentos. Por eso, decidimos demandar a las empresas”. Señaló que, tras el anegamiento su local, tuvo pérdidas de, al menos, $ 90 millones.
En tanto, Giovanni Ugolini, dueño de un hotel en calle Santa Magdalena, indicó que no ha recibido apoyo para pagar la reparación de los bienes afectados: “solo hay trabajadores de Sacyr ayudando a sacar escombros”. Sin embargo, planteó que, debido a los perjuicios, “se ha dejado de ganar unos mil millones de pesos y se despidió a todo el personal”.
