Piden que Ley de Monumentos castigue rayados en Valparaíso
Por: MAURICIO SILVA.
Norma se aplica excepcionalmente pese a que protege a un sector de la ciudad: Alcalde y cores buscan hacerse parte en causas judiciales para que atentados contra el patrimonio reciban sanciones severas.
La salida judicial que benefició al grafitero Nicolás Martínez Vera de la persecución penal en su contra por haber rayado la Scuola Italiana generó la reacción del Consejo Regional (Core) y del municipio de Valparaíso, disconformes con que el hecho se tipificara como daños simples, pese a que el recinto es monumento histórico desde el año 2007.
La comisión de Patrimonio del Core, de hecho, acordó pedir -junto con el municipio- una audiencia al fiscal regional, Pablo Gómez. “El objetivo es fijar un criterio común, para que nunca más ocurra que, al afectarse un inmueble protegido, el infractor no reciba una sanción”, explicó su presidente, Manuel Millones.
Según los consejeros, el acuerdo reparatorio, que permitió al grafitero zafar de la persecución penal solo por leer unas disculpas públicas, se vio facilitado por la tipificación de los hechos, ya que la ley común contempla sanciones más bajas que la ley que resguarda el patrimonio.
El alcalde Jorge Castro afirma que no es la primera vez que se usa esta figura, y, por ello, envió un oficio al fiscal Gómez pidiéndole que el municipio sea informado de cualquier causa por daños a los 30 inmuebles de la comuna que son monumento, así como los que están comprendidos dentro de las 23 há de la zona típica.
La secretaria técnica del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), Ana Cárdenas, informó que “en ocasiones existe un desconocimiento por parte de los fiscales y de la población general”. Para corregir esta situación, el CMN elaboró una guía que apoye la labor de las fiscales.
Además, el municipio busca hacerse parte de las investigaciones. “La ley sí brinda la posibilidad de que los rayados sean castigados”, dijo Castro.
La fiscalía, en tanto, propondrá al municipio un trabajo de señalización de los edificios y zonas protegidas, de modo que ante los tribunales no pueda alegarse ignorancia de que el inmueble tiene categoría de patrimonio. Esto último es un requisito para configurar el delito.
La colaboración entre las instituciones tiene precedentes exitosos: en 2013, el obispado de Valparaíso invocó la Ley de Monumentos para querellarse por el atentado con pintura contra la Catedral de Valparaíso. Y ello obligó a la canadiense Ansia Whitaker a indemnizarlo con $500 mil para suspender el procedimiento.
Hoy, eso sí, la aplicación de la Ley de Monumentos es excepcional. Los múltiples rayados que afean la zona Patrimonio de la Humanidad han llevado a que expertos internacionales califiquen su estado como “calamitoso”, pero la fiscalía local no contabiliza este año ninguna causa por su infracción.
