Patricio Crespo, SNA: “No estamos disponibles para este tipo de atropellos”
Por Francisco González G.
Patricio Crespo Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA):
Líder gremial criticó moción parlamentaria que busca revocar propiedad de derechos de agua. Señaló que en el empresariado hay una “total identidad de propuestas”.
La moción parlamentaria que busca una enmienda a la Constitución que permita revocar derechos de agua a sus titulares, preocupa a los empresarios. A la declaración de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) del lunes, ayer se sumó otra de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Su presidente Patricio Crespo, en conjunto con 50 organizaciones de regantes expresaron reparos a la iniciativa. Crespo dice que el proyecto genera incertidumbre en el sector y que los agricultores no pasaban por algo así desde la reforma agraria. Añade que pese a las diferencias que han habido en el tema con otros gremios como el minero, hoy hay “total identidad de propuestas”.
¿Había pasado el sector por un proceso similar?
En tiempos de la reforma agraria se hizo algo respecto de la tierra y el agua. Fue más grave, porque ahí ni siquiera se pagó el valor justo de lo que se perdió. No existía el Tribunal Constitucional para parar estos abusos. Hoy existe y operó durante el proyecto laboral. Desde ese tiempo no ocurría eso, y ahora no lo vamos a aceptar. Es por eso que mientras se hace esto en el Congreso, anunciamos que no estamos disponibles para aceptar este tipo de atropellos.
¿Van a realizar alguna acción?
Hasta aquí es un téngase presente. Esto es un acuerdo de una comisión. Tiene que pasar por el Senado, por la Cámara, y tiene que ser aprobado. Ahí uno interpone las reservas de constitucionalidad. No nos cabe ninguna duda que esto es inconstitucional.
¿Cómo se pusieron de acuerdo con otros sectores con los que han tenido diferencias por el uso del agua?
Hubo en un minuto, con las hidroeléctricas. También con la minería. Pero eso hoy, con los problemas que han existido, ya no está pasando.
¿Cómo se gestó este acuerdo plasmado en la declaración de la CPC?
Este es un acuerdo respaldado por todos los presidentes de rama. Las conversaciones para ponernos de acuerdo en la defensa de los derechos vienen desde, al menos, hace seis años. Donde hubo diferencias, hoy hay total identidad de propuestas.
¿A qué conclusión llegaron?
Nunca se había visto que una norma aprobada sin discusión en las siguientes comisiones, pase directamente a la sala. Es un gallito, yo creo que contra el gobierno, porque el gobierno no va a aprobar esta medida. Son parlamentarios rebeldes.
¿Ha conversado directamente con el gobierno?
Sí, claro. Hace poco tiempo y al menos en dos ocasiones, el ministro de Agricultura dijo que el gobierno no aprobaba esta modificación.
¿Se puede separar la propiedad de la tierra de la del agua?
Para producir la agricultura, si tienes tierra, y no tienes agua, no sirve de nada. La manera de garantizar que la gente haga inversiones es que exista seguridad jurídica respecto de la tierra como respecto del agua. Las inversiones hoy en agricultura son a 15-20 años, y se abordan con crédito bancario. Cuando pides plata a un banco te piden hipoteca del agua y de la tierra. Si le quitas el agua a la tierra, simplemente generas una tremenda incertidumbre. Esto tiene una gravedad.
¿Cuál es esa gravedad?
Es que señalan que todos los proyectos de agua otorgados en el pasado son de utilidad pública. ¿Cuándo se declara una propiedad de utilidad pública? Cuando se va a expropiar. Lo que hacen ellos es generar la condición para poder expropiar en cualquier momento todas las aguas en Chile. Y lo hacen con un agravante. Al declarar los derechos de agua como de utilidad pública en la Constitución, el Senado y la Cámara de Diputados están abdicando de su responsabilidad de calificar la utilidad pública en todo procedimiento de expropiación. Deja entregada la suerte de 350 mil ciudadanos del país, que han ejercido su derecho de propiedad, en disposición de ser atropellados en sus derechos adquiridos por una simple decisión de la autoridad política.
