Canalistas advierten que al Estado le costaría US$ 75 mil mills. manejar el agua
Por María Paz Infante H.
En el sector han catalogado como “expropiatoria” la propuesta de cambio a los derechos:
Aseguran que el fisco tendría que desembolsar US$ 15 mil millones en la adquisición de derechos de aprovechamiento y unos US$ 60 mil millones por concepto de infraestructura desarrollada por los privados.
La discusión en torno a la reforma al Código de Aguas -que involucra eventuales cambios a la Constitución Política- sigue encendiendo el debate al interior del agro. Esto, por la propuesta de las senadoras Isabel Allende y Adriana Muñoz, que plantea cambiar el numeral 23 del artículo 19 de la actual Constitución, decretando que “las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público”.
En este contexto, el presidente de la Confederación de Canalistas de Chile, Fernando Peralta, expresó su visión frente al proyecto de reforma constitucional sobre dominio y uso de las aguas. En el documento, calculó el costo económico que implicaría al Estado manejar el agua, valor que ascendería a unos US$ 75 mil millones. A su juicio, si se expropian los derechos de agua, el Fisco tendría que desembolsar US$ 15 mil millones. Sin embargo, advierte que el mayor gasto estaría asociado a la infraestructura que los privados han desarrollado para manejar el agua, cuya inversión estiman en US$ 60 mil millones. Los US$ 75 mil millones equivalen a seis veces el gasto anual en educación, siete veces el de salud y 25 veces el desembolso para Obras Públicas, comenta Peralta. A lo anterior, asegura, se suma el gasto en gestión de derechos de aguas, que asciende a unos US$ 2.700 millones (US$ 2.500 millones por gestión y US$ 200 millones por mantención de canales).
El presidente de la SNA, Patricio Crespo, afirma que si el Gobierno expropia las aguas, tendría que hacerse cargo de la administración y comprarnos toda la red de distribución, entre los que figuran 500 mil kilómetros de canales. Sin embargo, Crespo advierte que el Estado no tiene la capacidad para hacerlo.
Peralta sostiene que lo que hay que modificar no es la Constitución, si no el Código de Aguas, “estableciendo las limitaciones al ejercicio del derecho de aprovechamiento de las aguas, tanto para el caso de los derechos ya otorgados como para aquellos que se soliciten a futuro”. Reconoció que deben existir limitaciones en el ejercicio del derecho de aprovechamiento en pos del bien común, aludiendo a tres aspectos fundamentales: las necesidades de subsistencia humana y de abastecimiento de agua potable; la sostenibilidad de la agricultura de subsistencia; y el debido cuidado del medio ambiente.
En este sentido, recordó que esta discusión ya está en el Congreso, a través del proyecto de ley que se discute actualmente en la Cámara de Diputados. “Por eso no hace ningún sentido plantear que se modifique la Constitución”, plantea Peralta.
Cambio perjudicial
Rodrigo Weisner, abogado y ex director de la Dirección General de Aguas (DGA), cataloga de “perjudicial” una eventual reforma constitucional que declare de utilidad pública la totalidad de los derechos de aprovechamiento de aguas ya constituidos en el país. Esto, porque si se declaran todos los derechos de agua per se de utilidad pública, la autoridad deja de tener la obligación de justificar un acto expropiatorio, sin que el propietario pudiese cuestionar ese acto.
Destino de la discusión
La senadora Adriana Muñoz presentó ayer el informe del trabajo de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, que discutieron las iniciativas en esta materia. En la instancia, se acordó que pasara directamente a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. No obstante, se decretó que el 9 de agosto, los Comités Parlamentarios decidirán el proceder legislativo del tema, tomando en cuenta que la Comisión de Constitución está “sobrecargada de trabajo”.
“Lo que hay que modificar no es la Constitución, sino el Código de Aguas, estableciendo limitaciones al ejercicio del derecho de aprovechamiento de las aguas”.
Fernando Peralta
Presidente de Confederación de Canalistas de Chile
