La desaparición de e-mails donde Undurraga pide sanciones por Cau Cau

Por F. Paúl, C. Vargas y P. Gutiérrez.

Medidas iban contra la empresa Zañartu, que supervisó la construcción del puente:

El fiscal del MOP inició un sumario para determinar responsabilidades de funcionarios en la desaparición de correos desde una casilla institucional.

El jueves 16 de junio, la Policía de Investigaciones (PDI) acudió hasta las dependencias del Ministerio de Obras Públicas (MOP). La diligencia autorizada por el juez Ponciano Sallés -y que había sido solicitada por el fiscal de la Zona Metropolitana Centro Norte, Jaime Retamal- tenía como fin “incautar y realizar un respaldo de los computadores, discos duros, notebooks o cualquier otro dispositivo electrónico” de uso del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga; de la jefa de División Función Legal de esa cartera, Cristina Manterola; y de Miguel Carvacho, ex director de Vialidad.

La incautación se produjo luego que una de las tres empresas a las que se les adjudicó el fallido proyecto del puente Cau Cau -Zañartu Ingenieros Consultores- presentara una querella por el delito de prevaricación en contra del ministro Undurraga. Esto, tras la sanción interpuesta a la firma, por parte del MOP, debido a que, según acusaron, no advirtió oportunamente -en su calidad de asesora del inspector fiscal- de los problemas de instalación de los tableros, rótulas y el sistema de levante del puente. La sanción significó la suspensión por un año del Registro de Consultores de la firma.

En la querella contra Undurraga, Zañartu afirmó que, en su calidad de ministro y de “superior jerárquico del proceso administrativo sancionatorio”, el secretario de Estado habría “inducido y ordenado” a autoridades y miembros de la Comisión de Registro a sancionar a la empresa.

Informe PDI

Un informe de la PDI del 7 de julio, y que se encuentra en la carpeta investigativa de la fiscalía, detalla la incautación. Los detectives sostienen que cuando acudieron al MOP se tomó contacto con el jefe de gabinete del ministro, Gabriel Alemparte, quien “accedió al computador utilizado por el señor ministro Alberto Undurraga Vicuña, autorizado por este último en forma telefónica, por medio del buscador de correo Outlook, no encontrando correspondencia electrónica en los términos propuestos por esa fiscalía”.

Luego, se señala que Manterola “ingresó a la herramienta de correspondencia electrónica Outlook, desde donde imprimió 14 correos electrónicos”. Sin embargo, se agrega: “Es pertinente hacer presente que el día 17 de junio (un día después de la incautación) se concurrió nuevamente a las dependencias del MOP, específicamente al cuarto piso, tomando contacto con la señora Cristina Manterola, quien, por medio de un acta de incautación levantada en dicho acto, hizo entrega en forma voluntaria de siete impresiones de correos electrónicos direccionados a su casilla por el ministro señor Alberto Undurraga entre el 21 de mayo y el 24 de junio de 2015”.

Tras la diligencia realizada por la PDI, Manterola pidió al fiscal del MOP, Álvaro Villanueva, que iniciara un sumario por la desaparición de los correos. Villanueva emitió un oficio, el 20 de junio, instruyendo un sumario “con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades que puedan afectar a funcionarios o servidores públicos de esta cartera de Estado (…) relativas a la desaparición de correos electrónicos desde su casilla de correo institucional”.

En la evidencia entregada por Manterola -que también está en la carpeta investigativa- se exhibe un correo en el cual Carvacho señala la necesidad de prorrogar la permanencia en terreno de Zañartu “ante la eventualidad de un abandono intempestivo que pueda realizar Azvi (empresa encargada de la construcción)”. El ministro respondió: “Ok, solo si va de la mano con la suspensión en el registro. Dicho de otra forma, necesitamos sus servicios, pero ello no la exime de la sanción anterior”. En otro de los correos -que había salido a la luz pública de manera parcial y que corresponde al 1 de junio de 2015- Undurraga envía sus apuntes de una reunión. Respecto a Zañartu, menciona tres puntos: “-¿Por qué no hay sanción aún?; -Solicitada por mí, por escrito y verbalmente, desde hace meses. -Decisión: este miércoles se define sanción”. Asimismo, envía por escrito “posibles fallas” de la empresa, entre las cuales está no advertir adecuadamente errores de construcción o el mayor peso del tablero. La Comisión de Registros decidió emitir la sanción contra la firma el 3 de junio.

Consultado al respecto, el MOP señaló: “Cuando la funcionaria Manterola denunció la pérdida de estos correos, inmediatamente el ministro Undurraga instruyó que se iniciara un sumario. Es importante precisar que los correos en cuestión son tres correos copiados a varios funcionarios del Ministerio, por ende hay que dejar muy claro que no se ha perdido ninguna información ni correo en la práctica, y por lo mismo se informó inmediatamente al fiscal del tema”. En el ministerio indicaron que los querellantes intentan “enturbiar y ensuciar (…), incluso consiguiendo de manera irregular correos electrónicos, hecho por el cual se interpuso una querella”.

Contraofensiva

Por su parte, el pasado miércoles, Undurraga interpuso una querella en contra del abogado y director de la consultora Zañartu, Claudio Lefever, por los delitos de violación de correspondencia, interceptación de una comunicación privada e intervención del sistema informático, relacionados con la filtración del correo del 1 de junio, que pide sanciones contra Zañartu.

En el texto, el ministro acusa que la firma “no solo obtuvo de manera delictiva un correo electrónico privado, sino que lo dio a conocer a medios de comunicación, lo protocolizó (ante notario) y basó en ello sus alegaciones de parcialidad en el proceso sancionatorio”. Sin embargo, dicho correo no fue incluido en la querella de prevaricación que interpuso Zañartu en contra de Undurraga, sino en el recurso de protección presentado el 24 de junio.

Consultado Lefever por esta acción legal, dijo que aún no era notificado.

Cygsa: la empresa encargada del diseño que no ha sido sancionadaEn el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, la empresa española Cygsa se adjudicó el diseño del puente Cau Cau. Tras la fallida construcción de este, las otras dos empresas involucradas en el proyecto -Azvi, encargada de la construcción, y Zañartu, de la fiscalización- fueron cuestionadas y suspendidas por el ministerio de Obras Públicas -en el gobierno actual-, siendo Cygsa la única que no fue sancionada.

Mediante un informe emitido en 2015, la Dirección de Vialidad afirmó a Contraloría que Cygsa ya no tiene presencia en Chile, tal como señala el informe de Dirección de Vialidad del 16 de junio de 2015: “El mayor problema que se suscitó durante el desarrollo de la obra fue la imposibilidad de contar con un diálogo fluido con el consultor del estudio de ingeniería -consorcio CYGSA-DDQ-, porque ya no existía como tal, y porque la empresa CYGSA Chile S.A. -que era la encargada de desarrollar los viaductos y puente basculante- ya no contaba con su registro vigente como consultor en el MOP, lo que en definitiva hubiese permitido obtener aclaraciones y/o reuniones para dilucidar aspectos relacionados con el proyecto mecánico, basculante y otros temas”.

La empresa, no obstante, aún registra actividad en Chile, y se ha adjudicado tres proyectos recientemente (todos en 2016), por $698.117.449; $991.336.640 y $953.118.429 millones, cada uno. Cinco meses antes de adjudicarse el proyecto, Cygsa recibió una condena por el caso MOP-Gate (julio de 2007).