Nueva ley permitirá mayor altura o densidad a proyectos que aporten espacios públicos
Por Manuel Valencia.
Norma que fija mitigaciones a inmobiliarias:
Vivienda comenzará a trabajar reglamento por seis meses, y Transportes elaborará sistema de evaluación de impacto vial.
La recién despachada Ley de Aportes al Espacio Público es considerada por varios urbanistas como la mayor revolución normativa para las ciudades en décadas, puesto que con su aplicación se espera dejar atrás años de vacíos legales.
La ley vigente establece que solo a los proyectos residenciales con más de 250 estacionamientos y los comerciales con más de 150 se les exige implementar medidas para mitigar su impacto vial.
Así, muchos optaban por construir 249 o 149 aparcaderos, lo que los eximía de hacerse cargo de su impacto.
La nueva ley hará que todos mitiguen según su envergadura. Pero no es lo único: con la ley se podrá cumplir con una exigencia establecida en el artículo 70 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que obliga a los desarrollos por densidad (en un terreno urbanizado, no en nuevos loteos) de ceder terrenos para vialidades o espacios públicos. La norma hará exigible esa opción o entregar un aporte equivalente a un plan de obras viales municipal o metropolitano (en ciudades con varias comunas).
“Logramos una armonización entre la inversión del espacio público y una ciudad que garantiza una conectividad adecuada y que, a la vez, no les tema al desarrollo inmobiliario y a la densificación”, explica la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball.
Más pisos
La normativa, además, premia con mayor altura o densidad a aquellos proyectos que generan un aporte al espacio público. “Serán beneficios urbanísticos establecidos en el plan regulador, no son arbitrarios”, aclara Saball.
Pablo Álvarez, gerente de Vivienda y Urbanismo de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), dice que esto presenta una buena oportunidad. “Esta posibilidad permitirá aprovechar mejor el espacio, el volumen y la superficie de ocupación de un predio”, dice.
Para hacer efectiva la ley, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo comenzará a trabajar un reglamento que fijará exigencias diferenciadas al tipo de ocupación que establezca un proyecto. Para ello se citará a los gremios. Luego, la ley tendrá 18 meses de implementación. En ese tiempo, Transportes implementará un sistema informático similar al de evaluación de impacto ambiental, y los municipios deberán elaborar sus planes de obras, que serán financiados por los aportes de las inmobiliarias.
