Actual celda de operación de Santa Marta tiene vida útil hasta enero del próximo año
Por Pamela Gutiérrez.
Se requiere autorización ambiental para habilitar otro espacio:
Este jueves, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados formada después del incendio, hace ocho meses, votará su informe final.
Casi ocho meses han pasado desde el incendio del relleno sanitario de Santa Marta -que recibe basura de gran parte de la zona sur de Santiago-, hito tras el cual se desarrollaron dos líneas de acción: mejorar el manejo ambiental, a cargo de la Superintendencia de Medio Ambiente, y una investigación criminal, a cargo de la Fiscalía Occidente.
El consorcio Santa Marta, que administra el relleno sanitario, tiene contrato con la asociación de municipios Emeres, y hasta allí llegan los desechos de 11 comunas de esa agrupación, equivalente a 70 mil toneladas mensuales de basura.
Pero el presidente de Emeres, el alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría, admite que por estos días preocupa “hasta cuándo Santa Marta está en condiciones, con la celda 1, de recibir la basura de estos municipios”.
Esto, porque desde que ocurrió la emergencia, el 19 de enero, el relleno ha tenido autorizaciones de funcionamiento parcial para recepcionar desechos. En enero fue de 15 días, y desde febrero hasta julio han sido por 30 días. Ahora, la Superintendencia de Medio Ambiente tendrá que decidir si ampliará este cierre parcial por otros 30 días, que es lo máximo que permite la ley.
Y según información de la superintendencia, un estudio de la Universidad de Santiago, y del Consorcio Santa Marta, la celda habilitada tiene capacidad para recibir desperdicios hasta enero de 2017.
Echeverría explicó que durante este mes, la superintendencia debe presentar ante el Tribunal Ambiental de Santiago la habilitación de una nueva celda del relleno sanitario, para que pueda operar hasta enero de 2018.
El edil, además, contó que mientras estuvo cerrado Santa Marta y los desperdicios se debieron llevar a los rellenos sanitarios Santiago Poniente (Maipú) y KDM (Tiltil), fue el consorcio quien asumió el costo del mayor trayecto para depositar la basura de las 11 comunas, más Puente Alto, Buin y Paine, por $600 millones. “A ningún municipio de Emeres le costó un peso”, puntualizó.
Comisión investigadora
En marzo se conformó en la Cámara de Diputados una comisión investigadora para indagar en el incendio, y esta semana esa instancia vive días claves, pues se debe dar paso a la redacción del informe final.
El punto principal que quiere dilucidar la comisión es respecto a la fiscalización de las seremis metropolitana del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Medio Ambiente. “Hay una colisión de competencias sobre a quién le corresponde fiscalizar los rellenos sanitarios”, afirmó el presidente de la comisión, diputado Leonardo Soto.
El parlamentario señaló que hasta el lunes recién pasado aún no habían llegado informes requeridos al Ministerio de Salud, la Intendencia Metropolitana, a la Superintendencia de Medio Ambiente y la Subdere.
