A casi un año del terremoto en Coquimbo, hay 50% de casas de emergencia habilitadas

Por Juan Castellón San Martín.

Pescadores y pequeños comerciantes han logrado una más rápida recuperación:

Alcaldes piden revisar el sistema de entrega de ayuda, por lo que consideran una excesiva burocracia y centralismo que ha demorado la asignación de recursos a los afectados. El intendente apunta a la alta ruralidad de la región.

A sus 68 años, Luis Flores sigue trabajando, como lo ha hecho en los últimos 11 meses, en la reparación de murallas, ventanas y techumbres para dejar su casa lo más parecida a como era antes del terremoto grado 8,4 Richter del 16 de septiembre del 2015.

Su vivienda, en la población Baquedano de Coquimbo, resistió el movimiento telúrico, pero no pudo con las olas de hasta 4 metros que llegaron poco después al sector, la denominada “zona cero” del maremoto en la IV Región.

Desde entonces duerme en carpas habilitadas al interior del inmueble. Resignado, comenta que “como la vivienda nunca llegó, tuvimos que empezar a reconstruir. He gastado como 3 millones de pesos entre ripio, cemento y materiales”.

A casi un año de la tragedia, el último catastro de la Intendencia entrega un avance del 91% de la ejecución de viviendas de emergencia. Sin embargo, el cálculo se hace sobre las 1.281 casas provisorias entregadas por la Onemi a los municipios, y no de las efectivamente destruidas por el sismo y posterior maremoto, que ascienden a 2.346. Las 1.168 viviendas de emergencia para los damnificados habilitadas equivalen al 49,7% del total.

Críticas de alcaldes

“Hay que hacer un análisis a este nuevo sistema de entrega de ayuda, porque no va a ser la última catástrofe que enfrentará nuestra región, ni menos el país”, afirma el alcalde de Combarbalá, Pedro Castillo (DC).

Esa comuna, junto a Ovalle y Monte Patria, fue una de las más perjudicadas por el sismo en la provincia de Limarí, que se suman a Illapel, Salamanca y Canela, en la provincia de Choapa. Todas concentran el 86,6% de la demanda habitacional transitoria.

En el puerto, la afectación se concentró en Peñuelas y Tongoy, además de la mencionada población Baquedano. El alcalde Cristian Galleguillos (DC) determinó en julio pasado construir mediaguas en zona de inundabilidad, pues los damnificados dormían en precarias condiciones, incluso sin alcantarillado. “La burocracia y el centralismo han hecho que temas como la vivienda de emergencia pase por requisitos y cruces de información con el Ministerio de Vivienda, Subdere y Onemi. Esto hizo más lento de lo que hubiésemos querido los procesos”, se queja.

El intendente Claudio Ibáñez (PPD) explica que la región posee la mayor ruralidad del país y una gran dispersión geográfica, lo que dificultó la solución de “algunos casos puntuales”. Respecto de la reconstrucción, precisa que será “un desafío de varios años, y resulta aún más complejo para quienes sufrieron daños irreparables en sus hogares”.

Las complejidades podrían continuar en Coquimbo y La Serena por el colapso de los servicios de urgencia de los hospitales San Pablo y San Juan, respectivamente. El primero tiene un déficit de 25 camas y 16 boxes de atención a público que afectan su funcionalidad.

Los daños estructurales de una antigua torre, que esta semana comenzó su demolición, obligaron a reorganizar pabellones y unidades de psiquiatría, endoscopia, esterilización, UCI y UTI en otras áreas del hospital y habilitar containers modulares y el arriendo de dependencias externas al centro. El presidente del Colegio Médico de la IV Región, Jaime Bastidas, acusa que cirugías agendadas para pacientes debieron ser reprogramadas para transformar espacios para hospitalizaciones por enfermedades respiratorias.

Más avance se observa en los caminos, que se encuentran 100% habilitados, y existen reparaciones en el puerto de carga, restitución en canales de regadío y apoyo en la pequeña minería. En Tongoy y la caleta de Coquimbo se entregaron nuevas embarcaciones y motores para cerca de 400 pescadores.

El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, indica que la cartera estableció un sistema de apoyo para las empresas afectadas por el terremoto y posterior tsunami . Unos $4.624 millones atendieron a 1.620 pequeños y medianos empresarios gastronómicos de la Avenida del Mar y la caleta de Peñuelas; emprendedores turísticos de Tongoy; comercios de Baquedano, y cocinerías de la caleta de Coquimbo. “Debimos pedirles a las familias y recurrir a préstamos en los bancos”, recuerda Jacqueline Campusano (47), dueña del “Rincón del Negro”.

Gustavo Dubó, subdirector regional de Corfo, en tanto, afirma que las inversiones llegan al 90% de avance en la región.

$52.000 millones fue el costo de la etapa de emergencia en Coquimbo.

2 rutas permanecieron cortadas, en Los Vilos y Canela. Hoy, el 100% de los caminos están restablecidos.

$1.343 millones traspasó la Subdere para demoler las viviendas destruidas.

9 embarcaciones, de 150 toneladas cada una, fueron arrastradas por las olas hasta la costanera de Coquimbo.

3.899 bonos enseres hay efectivamente pagados a los damnificados.

14 mil hogares sufrieron distintos grados de afectación.

”Hemos trabajado intensamente con todos los servicios para llegar con las respuestas en zonas apartadas”.
Claudio Ibañez,
Intendente de la IV Región

”La emergencia se empieza a sobreponer con la reconstrucción, y es ahí donde veo demasiado lentos los procesos”.
Cristián Galleguillos,
Alcalde de Coquimbo (DC)