Iquique: indagan fraudes en venta de franquicias para liberar autos
Por Alejandra Lobo.
Aduanas denunció a la fiscalía 147 casos por mal uso de este beneficio, lo que representa un aumento del 135% respecto de 2015.
Un total de 147 denuncias ha presentado el Servicio de Aduanas en lo que va de este año por mal uso de franquicias para liberar autos en Iquique, las que involucran cerca de $670 millones. Esto, según las 340 fiscalizaciones realizadas por el servicio a la fecha.
La cifra representa un aumento de 135% respecto de 2015, cuando se registraron 74 casos ilícitos en que, sin cumplir con los requisitos, algunos propietarios se aprovecharon de la liberación tributaria de la zona franca para sacar sus vehículos y venderlos en otros puntos del país.
Según Aduanas, cerca del 5% del total de solicitudes para liberar autos terminan en denuncias por mal uso.
“En ese porcentaje existen situaciones de dolo o incluso desconocimiento o confusión en los procesos. Como fiscalizadores, levantamos perfiles de riesgo de las personas, por ejemplo, la incoherencia entre el tipo de vehículo que se compra y quien lo adquiere”, explicó el director regional de Aduanas, Ricardo Aceituno.
¿Cuál es el problema? Como zona franca, en Iquique se pueden importar vehículos usados para reexportarlos a terceros países y para utilizarlos en Arica-Parinacota e Iquique. Esto lo pueden hacer sólo quienes hayan vivido más de cinco años en la región y acrediten una renta específica. Y los pueden sacar de Iquique sin pagar derechos aduaneros ni IVA, con la restricción de dos años para su venta.
Sin embargo, para burlar esta ley y aprovechar los beneficios, la PDI ha detectado fraudes que se valen de intermediarios residentes de Iquique.
“Los que cometen estos delitos buscan a quienes les puedan pagar por usar su franquicia. Luego, se llevan el auto de la región y lo venden en el resto del país al doble o el triple del precio en que lo han adquirido”, explicó la comisario Paula Psijas, jefa de la Brigada Investigadora de Delitos en Recintos Portuarios de la PDI.
Por ello, los antecedentes de cada solicitante son fiscalizados acuciosamente. “El caso más común es llevar a adultos mayores a hacer el trámite para pedir la liberación de un auto, pero inmediatamente caen en un perfil de riesgo y son investigados, pues se trata de personas que tienen sus familias y residencias en Iquique y por su edad es difícil que se trasladen”, precisó Psijas.
El fiscal adjunto de Iquique, Eduardo Ríos, dijo que se ejecuta un trabajo coordinado con Aduanas y las policías para detectar los casos. “Los responsables se arriesgan a sanciones que van hasta tres años de cárcel si se acredita falsificación de documentos”, subrayó el persecutor.
