La conflictiva ruta a la integración de barrios
Por Carlos González Isla.
Las viviendas sociales siguen incomodando en algunos barrios.
“La basura vuela por calle Antupirén”, escribió Manuel López, vecino de la Comunidad Ecológica de Peñalolén, en una carta dirigida al municipio hace años. Estaba preocupado por el aumento de bolsas plásticas y pedía contenedores para reciclar. Fue uno de los primeros cambios que notó con la llegada de viviendas sociales.
Alberto Nacif, candidato a concejal independiente, es vecino de López. Dice que antes vivían sin portones, pero que hoy éstos son cada vez más altos por la delincuencia, aunque precisa que ésta no tiene su origen en la vivienda social. “El delincuente la ocupa como su bosque, para mimetizarse, que es distinto”, señala.
Felipe Melo, ex presidente de la Fech, vive hace cuatro años en este barrio ecológico. A su juicio, el fenómeno de alzar muros ocurre en todo Santiago. “En la comunidad pasa con mucha menor intensidad”, asegura.
La llegada de viviendas sociales al piedemonte ha sido un proceso polémico. Aquí históricamente han chocado los intereses de los habitantes de la comunidad, de preservar la biodiversidad del lugar, con la necesidad de terrenos para soluciones habitacionales. En 2003, los pobladores de la Toma de Peñalolén no dudaron en acusar a sus residentes de querer imponer un “apartheid social”.
El mito de la plusvalía
El cómo integrar los barrios es un rompecabezas difícil de armar. A fines de julio el tema volvió al debate luego que el Concejo Municipal de Maipú rechazara un proyecto para 116 familias que viven en campamentos. El alcalde Christian Vittori (DC) defendió la medida porque a su juicio la política de vivienda levanta casas, pero no barrios.
Una tesis similar plantea Nacif. Lamenta que se seleccione solo a familias pobres para vivir en viviendas pequeñas que no le permiten tener más hijos o vivir ahí cuando se es anciano. López agrega “se arman guetos que sabemos en lo que se transforman, en votos”. Plantean que el alza de la densidad poblacional no se acompaña de más seguridad, escuelas y recintos de salud.
“Santiago es una ciudad con altos niveles de segregación, así que ninguna comunidad debe rechazar la llegada de viviendas sociales solo porque aumentan la densidad de un barrio”, advierte sobre el punto el urbanista y socio de Atisba, Iván Poduje.
El arquitecto dice que a lo anterior se suma que solo en la capital, unas 200 mil familias esperan una solución habitacional. Muchas provenientes de proyectos habitacionales demolidos por su mala calidad.
Sobre el miedo a que baje el precio de las casas por la llegada de viviendas sociales, Fabián García, experto de la consultora inmobiliaria Tinsa, aclara que no hay ningún estudio que vincule la depreciación de un inmueble con la construcción de este tipo de casas. “La noción de que bajan el precio de los inmuebles cercanos es un prejuicio”, dice.
Las familias sin casa también han enfrentado resistencia fuera de la capital. Pasó con el condominio social Borgoño de Concón, donde la molestia no fue por la cantidad de casas, sino porque 27 viviendas se levantarían frente al club de yates. Poseen una vista privilegiada al mar y su valor actual podría llegar a los $120 millones, según la dirigenta Alicia Vera. “Algunas personas creían que iban a afectar la plusvalía o que la convivencia iba a ser mala porque habían familias de pescadores, pero se dieron cuenta que somos personas comunes y corrientes como ellos”, señala Vera, quien instaló un negocio de abarrotes y sus clientes son los mismos residentes del acomodado sector.
Algo similar le pasó a Katherine, quien vive hace ocho años en la población Los Microbuseros (casas Chubi) donde tiene su peluquería, frente a la Comunidad Ecológica, Después de las desconfianzas iniciales se pasó a una fluida relación con los vecinos. “Nos integramos bien. Todos los fines de semana tienen eventos y siempre nos invitan”, dice.
Melo agrega que la interacción con las llamadas “casas chubi” ha sido buena. “Muchas han sido incluso ampliadas y revestidas con técnicas constructivas trabajadas en la comunidad”, comenta.
Barrio modelo
Menos complejo ha sido un innovador modelo de integración que consiste en la construcción conjunta de viviendas sociales y de clase media, como la villa San Alberto de Casas Viejas en Puente Alto. “Ahí lo que se hizo fue mezclar viviendas de distintos valores de tal manera que la población que vive ahí son de distintos estratos socioeconómicos. Hay subsidios cruzados de las personas con mayores y menores recursos, con lo que se logran espacios públicos de mayor calidad”, explica Alejandra Rasse, investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la UC.
La dirigente vecinal Sheyla Núñez vive en las casas antiguas del sector de Casas Viejas, que están frente a la nueva villa. Cuando les dijeron que ser instalaría una población se preocuparon y lo único que le pidieron al municipio es que no se construyeran edificios, y dio resultado.
El déficit habitacional y la escasez de terrenos indican que los conflictos se mantendrán. De hecho, la Comunidad Ecológica vuelve a enfrentar un dilema, porque se proyecta la construcción de viviendas en un área del plan seccional que posee un bosque nativo y que presta un servicio ambiental a la ciudad, como facilitar la infiltración de agua cuando llueve gracias a que el lugar no está pavimentado, según explican los vecinos que llevaron este caso a la justicia.
Melo, dice que hay vecinos que se arropan con el ecologismo, pero que practican creencias y acciones diametralmente opuestas. “Una es la de arrogarse el derecho de seleccionar a sus vecinos. En su ecléctico discurso, además, mezclan preocupaciones por la biomasa con otras por la plusvalía de sus terrenos”.
