Acreedores de Subus analizarán eventual acuerdo con empresa
Por Oriana Fernández.
Firma del Transantiago espera fondos de gobierno para saldar deudas.
La próxima semana la junta de acreedores de la empresa Subus votará la propuesta de pago de deudas hecha por esa firma, la tercera más grande del Transantiago. La concesionaria se acogió a la ex ley de quiebras, en junio pasado, pues se encuentra en una severa crisis económica.
La jueza del 17° Juzgado Civil -donde se realiza el proceso de reorganización que indica la normativa-, Rocío Pérez, detalló que la compañía contrajo créditos con la banca, la industria automotora, de insumos y combustibles para el transporte, por lo que sus compromisos alcanzan $ 91 mil millones.
Debido a ello se inició una extensa negociación entre las partes, para conocer cómo saldará la empresa esos montos. Así, ésta presentó una propuesta donde explicita que podría cancelar en un plazo de cuatro años -desde 2017 a 2020-, cuando finalizan sus contratos.
Para analizar los alcances de esa declaratoria, el grupo de acreedores aceptó ayer aplazar en una semana un eventual acuerdo, con el fin de analizar en detalle las formas de pago. El 100% de las firmas involucradas votaron positivamente esa idea, lo que, finalmente, fue aceptado por el tribunal. La fecha establecida para una nueva cita se fijó para el 15 de septiembre próximo.
Reajuste
Durante el transcurso del proceso judicial, Subus expresó que podrá cumplir con la entrega de recursos si el Ministerio de Transportes aprueba la revisión especial de los contratos de operación. La empresa pidió, en septiembre de 2014, que el Estado aumente los fondos que les da, pues han bajado sus ingresos en el tiempo, debido al descenso continuo de las validaciones o pago de pasajes por los viajes.
La magistrada dijo la firma dio a conocer que la autoridad se pronunciaría el 20 de septiembre próximo, lo que aún no está zanjado, según el gobierno.
El ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, dijo, el lunes pasado, que la situación financiera de Subus y sus acreedores es un asunto “entre privados”. Además, reiteró que “no habrá salvavidas financiero a la empresa. Lo que sí hay es una revisión extraordinaria del contrato”, la que no necesariamente se aprobará este mes.
Por ahora, la autoridad aclaró que el gobierno busca “garantizar la continuidad operativa de los servicios y también resguardar los derechos de los trabajadores ante una eventual liquidación”. Se trata de 5.759 empleados que, el lunes pasado, firmaron un acuerdo político con la cartera y un grupo de parlamentarios para que sean recontratados.
Sergio Fariña, dirigente de Subus, dijo ayer que están “expectantes” ante lo sucedido en el tribunal y que esperan una solución positiva para asegurar sus puestos de trabajo.
Añadió que si no hay acuerdo, harán valer el documento que indica que quien asuma la administración de la empresa deberá finiquitarlos y reubicarlos en otros sectores.
Por su parte, el Directorio del Transporte de Santiago informó que continuará monitoreando para “resguardar la continuidad operativa de los servicios”.
