Instituto de DD.HH. identifica más de 100 conflictos ambientales en el país
Por Carlos González Isla.
Organismo elaboró mapa con las controversias que enfrentan a las comunidades con las empresas.
“Hay más de 10 conflictos por parques eólicos en el país y el denominador común es la mala localización de los proyectos”, dice Álvaro Montaña, geógrafo del Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural.
Montaña explica que este mismo problema presenta el Parque Eólico de Chiloé, que construirá Ecopower en mar Brava. Asegura que los aerogeneradores afectarán su paisaje, valor turístico y pondrán en riesgo un área de concentración de aves migratorias.
El geógrafo, quien es miembro de Defendamos Chiloé, dice que las movilizaciones contra el proyecto continuarán, pese a que está aprobado.
Esta controversia es una de las 102 que aparecen en el mapa de conflictos socioambientales, publicado en agosto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Entre los conflictos, registrados hasta 2015, figuran la contaminación por polimetales en Arica, la controversia por la planta de cerdos de Agrosuper en Freirina y la condición de “patio trasero” de Til Til por concentrar plantas de cerdos, rellenos sanitarios y relaves mineros, entre otros. Además, se suman controversias como las leyes de pesca y glaciares.
“El propósito del mapa es contribuir a prevenir la ocurrencia de dichos conflictos, pero para poder hacerlo, antes es necesario conocer y comprender las causas que los han generado en cada caso, y sobre esa base, hacer recomendaciones al Estado”, dice Branislav Marelic, director del INDH.
Entre los derechos involucrados en las controversias están el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, a la salud, a la participación, la consulta indígena, y el derecho al agua.
“Los conflictos socioambientales que han aparecido en la última década en el país responden a una contradicción no resuelta por el Estado, una contradicción entre el desarrollo, el fomento a la innovación y la inversión, y el respeto de los derechos humanos de las personas que habitan nuestro territorio”, señala Marelic.
Estrategia del gobierno
La institucionalidad actual la conforman el ministerio de Medio Ambiente, la superintendencia del sector y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), además de los Tribunales Ambientales (ver nota secundaria).
Según el ministerio, hoy existen las herramientas para abordar diferencias y procesos de participación ciudadana, sin embargo, reconocen que ésta se debe incrementar. Por eso, explican, la Presidenta Michelle Bachelet creó el año pasado una comisión público-privada para mejorar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que depende del SEA.
La instancia entregó 25 propuestas en julio. Una de ellas es la creación de un procedimiento de relacionamiento temprano, cuyo objetivo será generar espacios de diálogo entre los proponentes de proyectos y las comunidades locales, previo al ingreso del proyecto al SEIA.
Este mecanismo está destinado en los casos de proyectos estratégicos para el país, pero su debut no tiene fecha aún.
El trabajo de esta comisión no estuvo exento de controversia. Dos de sus miembros: Flavia Liberona, directora de Terram, y la abogada Macarena Soler, del Consejo de Defensa de la Patagonia, presentaron en diciembre su renuncia a la Presidenta. En su carta a la mandataria señalaron que al menos el 70% de los miembros de la comisión estaban ligados al sector productivo. “Renunciamos a ella al ver que la posibilidad de incidir mínimamente era cercana a cero”, dice Liberona.
La directora de Terram agrega que en teoría un proceso de relacionamiento temprano podría disminuir la conflictividad asociada a proyectos de inversión, pero advierte que también “podría transformarse en una mecanismo validado por el Estado y particularmente por los gobiernos para ‘comprar comunidades’, metiéndolas en un sistema de negociación que las obliga a aceptar un proyecto”.
Al margen de estas renuncias, los sectores que se sintieron marginados de la comisión oficial se agruparon en una instancia paralela, en la que participaron la ONG Chile Sustentable, FIMA, Ecosistemas, además de los diputados Gabriel Boric, Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Daniel Melo, entre otros. Su informe para mejorar el SEIA lo presentaron en agosto y en él advierten la falta de representatividad de la comisión presidencial y su enfoque en favor de los inversionistas.
Críticas a rol de ONG
Desde el ministerio señalan que una de las dificultades que debe enfrentar el SEIA es que se le pide que resuelva materias para las cuales no está diseñado. “Este no es un sistema, por ejemplo, que debe resolver compensaciones económicas ni tampoco es un instrumento de planificación territorial”.
La ex ministra de Medio Ambiente del gobierno de Sebastián Piñera, María Ignacia Benítez, coincide en que siempre al sistema de le ha “achacado” el problema del ordenamiento territorial. “La institucionalidad ambiental no está diseñada, ni tiene las competencias, para resolver todos los conflictos”, plantea.
La ex ministra agrega que lo anterior queda en evidencia luego del vertimiento de salmones y marea roja en Chiloé, lo que genera incertidumbre en la población. Dice que aquí las competencias de los servicios son confusas y que se debe contar con centros de referencia ambiental que permitan dar mayor credibilidad.
“La falta de capacidades y de credibilidad no le hace bien al país, porque finalmente terminan aumentando los conflictos sociales, en vez de dar las certezas que permitan abordarlos adecuadamente”, añade
A su juicio, las áreas más conflictivas son los proyectos eléctricos, rellenos sanitarios y la minería. “Pero la verdad es que hoy cualquier proyecto de cierta envergadura es conflictivo si es que no se hace un buen trabajo en la evaluación y con las comunidades”, dice.
Carlos Martínez, autor del libro La república independiente de Douglas Tompkins: las claves ideológicas, plantea que en los conflictos hay que diferenciar a las comunidades locales y las ONG.
“Las ONG anteponen muchas veces una respuesta ideológica a los conflictos y afín a sus propios objetivos. Sin conflicto no sobreviven. Por eso se ha dicho que son una industria de la obstrucción”.
Martínez señala que estas organizaciones no reconocen los avances de las empresas ni del gobierno en favor de un desarrollo sustentable.
“Las nuevas estrategias de las ONG es transformar todo conflicto en un conflicto de derechos humanos. En eso han encontrado un aliado: el INDH, con lo que dan un carácter moral mucho más fuerte a sus demandas”, agrega Martínez.
