Gobierno logra acallar críticas de alcaldes por lentitud en instalación de las viviendas de emergencia

Por Juan Castellón San Martín.

Hoy se cumple un año del terremoto y maremoto en la IV Región:

Acuerdo entre ambas partes incluye la entrega de recursos económicos a familias emplazadas en la zona de riesgo y nuevos bonos para los damnificados.

Los municipios de la Región de Coquimbo y el Gobierno acercaron posiciones por las diversas dificultades que acarreó la entrega de ayuda para los damnificados del terremoto 8,4 Richter y posterior maremoto.

A un año exacto de la catástrofe, persistían problemas en la habilitación de viviendas de emergencia y la facilitación de recursos para las familias afectadas.

Sin embargo, un acuerdo firmado entre ambas partes logró flexibilizar los procesos para cerrar la primera etapa de emergencia y de paso acallar las críticas de los alcaldes por la precaria situación de los damnificados.

“Finalmente presentamos la solución y la encontraron satisfactoria. Hemos entrado en la fase final del período de emergencia y eso va a permitir que el Gobierno y los municipios se concentren en la reconstrucción”, sostuvo el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.

Cristián Galleguillos, presidente de la Asociación de Municipalidades de la IV Región y alcalde de Coquimbo -la zona más afectada por el maremoto-, dijo que el problema se debió al “excesivo centralismo” del Gobierno y que esta vez primó la decisión de que “se escuche a los vecinos a través de los municipios”.

El texto considera ocho puntos críticos y situaciones específicas en la provincia del Limarí, una de las más afectadas por el movimiento telúrico.

Acuerdo

La Subsecretaría del Interior deberá entregar a las municipalidades afectadas la base de datos tanto de las visitas que el Servicio de Vivienda y Urbanismo realizó como de los municipios que no inspeccionó. La situación había sido advertida por los alcaldes, especialmente de las zonas más rurales de la región.

Según el alcalde de Combarbalá, Pedro Castillo (DC), había afectados que “no recibieron ninguna asistencia del Estado” y aún existen personas viviendo entre “restos de adobe”.

A ello se agrega que en aquellos casos en que una misma propiedad sea habitada por más de una familia, se podrá otorgar una vivienda de emergencia a cada grupo, ya sea en el mismo sitio o excepcionalmente en otra área.

Para los damnificados del barrio Baquedano de Coquimbo, emplazado en la zona de inundación, se hará un aporte extraordinario de $2 millones para solucionar su condición habitacional. Esto para quienes decidieron quedarse en el área, pese a los incentivos de relocalización ofrecidos por el Gobierno.

Se facilitarán viviendas de emergencia en zonas con valor patrimonial, medida que beneficiará principalmente a La Serena, y se regularizarán las soluciones a familias que habitan en zonas rurales “que no han sido ubicadas, pero que han concurrido directamente a los municipios”.

Se dará un bono de $300 mil para que las familias adquieran materiales para sus viviendas ubicadas en zonas rurales y patrimoniales que no estén incluidas en el sistema de ayuda, tales como bonos de enseres o de acogida.

Monto similar se dará a los denominados “pisantes”, es decir a las personas que habitan terrenos en ocupaciones ilegales.

PLAZO
En 10 días deben terminar las demoliciones de viviendas destruidas.