Subus pagará deuda sólo si Transportes entrega recursos por revisión de contratos
Por Oriana Fernández.
Firma del Transantiago se dio hasta el 30 de noviembre para negociar con el Estado fondos por mayores costos en su operación.
La empresa Subus -el segundo mayor operador del Transantiago- y sus acreedores determinaron ayer, en el 17° Juzgado Civil de Santiago, que se esperará hasta el 30 de noviembre próximo para conocer si el gobierno entregará recursos por la revisión excepcional de contratos. Luego de ello, votarán si la firma tiene capacidad de pagar sus deudas o bien cierra.
Ante la jueza Rocío Pérez, tanto Subus como los reclamantes -alrededor de 45 firmas, entre ellas bancos internacionales, empresas de combustible, repuestos y otros- acordaron que se formará una comisión para determinar el futuro de la compañía en lo financiero y administrativo.
Nelson Contador, abogado de Subus, señaló que el 100% de los presentes votó a favor de esta medida, la que incluyó una decisión clave: la designación de un interventor en la firma de transportes, el abogado Enrique Ortiz D’Amico, quien hasta ayer se había desempeñado como veedor de este proceso.
El rol de esta nueva figura -dijo el abogado Contador- será “liderar” junto a la empresa deudora la revisión excepcional de contratos con el Ministerio de Transportes, lo que fue solicitado hace un año. Mencionó que la negociación entre las partes debería cerrarse en noviembre de este año.
En ese proceso, la empresa solicitó un aumento del pago por pasajero transportado que llegaría a $ 900, lo que permitiría que Subus salde sus compromisos. Precisamente, este último punto condiciona un eventual acuerdo entre el operador y sus acreedores, pues el reajuste de estos fondos servirá para pagar en cuotas a las diversas compañías, entre 2017 y 2020. “Culminado ese proceso, el resultado será votado. Así, podrán aceptar la propuesta o bien considerarla insuficiente. Esto llevaría a que la empresa paralice y comience su liquidación”, dijo el abogado.
Plazo
La defensa de la compañía hizo un llamado a que el ministro del ramo, Andrés Gómez-Lobo, participe en este proceso.
El ministerio se abrió ayer a la idea de cerrar las negociaciones con la firma al 30 de noviembre próximo. Sin embargo, hace algunas semanas, Transportes sostuvo que este era un tema “entre privados” y que no se lanzaría “salvavidas financiero” a los operadores.
Al respecto, Guillermo Muñoz, quien encabeza el Directorio del Transporte Público Metropolitano (DTPM), dijo que “nos parece un plazo razonable cerrar en esa fecha. Haremos todo el esfuerzo”. Muñoz planteó que es conveniente que Subus pueda continuar funcionando, pues de esa manera se dará continuidad a los servicios de la compañía, que opera con una flota de 1.276 buses.
Tan delicada es la situación financiera de Subus -tiene un déficit de $ 22 mil millones-, que el interventor Ortiz se desempeñará en la administración de la empresa al menos por un año, e incluso esto se podría extender más allá de la concesión en Transantiago (2020). Según la ley, este profesional tiene como misión la fiscalización de la empresa, autorizará los pagos y generará un plan de ahorro, entre otros.
Sergio Fariña, dirigente de Subus, aseguró que están conformes con el acuerdo al que se llegó y que, en caso de que finalmente la firma se liquide, harán valer el compromiso del gobierno en torno a recibir finiquitos y ser reubicados.
