Gobierno plantea que autoridades que quieran ser intendentes renuncien 90 días antes de la elección
Por Alex von Baer.
Segpres prepara acuerdo con oficialismo para permitir que comicios se efectúen en 2017
El ministro Nicolás Eyzaguirre (Segpres) señaló: “Estamos trabajando con la Nueva Mayoría, y nos encontramos cerca de un protocolo común” respecto de las condiciones para postular al cargo.
El jueves pasado, el presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade (PS), planteó su preocupación por las inhabilidades para ser candidato a gobernador regional, punto que se deberá abordar en la ley orgánica constitucional sobre elección de intendentes, texto que ingresará al Parlamento una vez que esté despachada la reforma constitucional, que el Senado aprobó en primer trámite esta semana.
Para el diputado, este consenso debe alcanzarse con antelación al despacho de la ley orgánica, iniciativa que el Gobierno espera aprobar antes de marzo. “Y lo he dicho tres veces en el comité político”, aseguró.
En específico, Andrade se centró en el plazo en que deberán renunciar a su cargo las autoridades que deseen postular al cargo de gobernador regional. Como referencia, en la ley actual, los ministros, subsecretarios o intendentes que deseen postular al Congreso deben salir del Ejecutivo un año antes de la elección; es decir, el próximo 19 de noviembre.
Ayer, tras reunirse precisamente con Andrade para abordar los plazos de tramitación de la reforma constitucional, el ministro Nicolás Eyzaguirre (Segpres) entregó una definición: “Estamos trabajando con la Nueva Mayoría, y estamos cerca de un protocolo común, que establece que aquellas autoridades -intendentes, gobernadores- que quieran ser gobernador regional no tengan las mismas inhabilidades que los candidatos al Parlamento, que tienen que haber renunciado un año antes, sino que, como es normal en las elecciones locales, la persona haya renunciado a su cargo antes de la declaración de candidaturas”, explicó.
En la normativa vigente, la inscripción de candidaturas a elecciones locales (de alcaldes y concejales) se realiza 90 días antes de la elección. Así, la definición de Eyzaguirre implica que quienes deseen postular a gobernador regional deban salir de su cargo 90 días antes de la elección. Por lo mismo, de realizarse los comicios por primera vez en 2017 -el 19 de noviembre, junto con la elección presidencial y parlamentaria-, los actuales intendentes deberían dejar su cargo a inicios de abril si compiten en las primarias del 2 de julio, o a mediados de agosto si compiten directamente en noviembre.
En sectores de la Nueva Mayoría ello es visto como una clara ventaja para los actuales jefes regionales. De hecho, el miércoles, Andrade señaló a “El Mercurio” que “si los intendentes actuales pueden ser candidatos, van a tener una ventaja. No están en condiciones similares que el resto de los ciudadanos interesados”. En la cita, el diputado habría hecho ver a Eyzaguirre su discrepancia con la propuesta del Ejecutivo.
El planteamiento del ministro se da en medio de la incertidumbre en torno a si se alcanzarán a aprobar los proyectos de ley que permitan la elección en 2017. Incluso, en La Moneda han explicado que un factor que ha retrasado el cambio de gabinete es la idea de realizar un ajuste simultáneo de ministros, subsecretarios y autoridades regionales, para lo que aguardaría por una mayor certeza respecto de si habrá comicios el próximo año. Varios dirigentes oficialistas no han escondido su interés por competir en ellos. Es el caso del intendente metropolitano, Claudio Orrego (DC), quien en medio de la votación en la Cámara Alta dio entrevistas en televisión para defender el proyecto y criticó en Twitter a los senadores que se oponían.
Trámite en la Cámara
El jueves, Andrade sostuvo una conversación en el hemiciclo con los diputados de Gobierno Marcelo Chávez (DC), Daniella Cicardini (PS) y Rodrigo González (PPD). Según presentes, manifestó que la Cámara no sería un “buzón” de la reforma constitucional y que se debía mantener la “dignidad” de la Corporación. Así, Eyzaguirre aseguró que los diputados han solicitado “que haya el tiempo suficiente para ver el proyecto. Estamos viendo cómo hacerlo expedito”, y que pese a que la iniciativa tiene discusión inmediata, “si tenemos un esquema de trabajo conjunto, las urgencias pueden acomodarse a ese acuerdo. Eso podría ser un espacio de tres semanas, un mes. Y en eso tenemos que trabajar de manera fina”.
