La mecánica de los viajes ilegales
Por O. Fernández y V. Miranda.
Los pasajeros de las zonas rurales de Santiago fomentan el uso de autos piratas ante la falta de movilización.
Vivir en una comuna que no sea Santiago Centro tiene un costo. Y los habitantes de Colina, Lampa, Buin, Pirque y San Bernardo lo tienen claro. El precio es aguardar en largas filas a que llegue un colectivo, viajar en buses antiguos, con una frecuencia baja y horarios acotados.
Las personas que viven en los sectores donde el Transantiago no llega, pues el plan no contempla las comunas rurales, han encontrado otras alternativas durante los últimos años: el transporte pirata surge como una opción aceptada.
Así, quienes necesitan ir a la zona norte de Santiago deben instalarse afuera del Mercado Tirso de Molina, frente al río Mapocho, para tomar un colectivo. La fila de pasajeros hierve por el calor que hace a esa hora. Pueden estar parados, al menos, 20 minutos, hasta que llegue un automóvil. Por eso, Adriana Medina (51) dice que prefiere usar los minibuses que transportan a alrededor de 10 personas y que se estacionan a una cuadra del lugar. “Vienen a avisarnos que están trabajando. Nos vamos altiro con ellos”, sostiene.
Las personas son contactadas por los mismos choferes, que aprovechan el ajetreo del comercio local para ofrecer sus servicios, a veces llamando con silbidos a los interesados. La tarifa es de $ 1.700, la misma que cobran los colectivos, e incluso dejan a los clientes en sus mismas casas.
Para desplazarse a otras comunas periféricas de la Región Metropolitana, como Buin, se pueden hallar vehículos particulares en la calle Almirante Barroso, frente al Metro Los Héroes. En esa calle se forman aglomeraciones de viajeros que esperan por cupos en automóviles con o sin registro oficial. Una persona es la encargada de coordinar quién se sube a los autos piratas.
El precio en esos vehículos llega a $ 1.900 y, aunque el recorrido en microbús tiene un costo de $ 1.200 -tarifa que no recibe subsidio-, muchos estudiantes o trabajadores los prefieren para ir más cómodos.
En la Plaza de San Bernardo, un grupo de automóviles no autorizados para llevar pasajeros trabaja como cualquier otro, dentro de una de las comunas más grandes de la capital. En la puerta de los supermercados buscan a usuarios que portan numerosas bolsas, o bien, en la hora punta, aguardan a que haya público en las paradas.
Juan Acevedo Espinoza, dirigente de la línea de colectivos de San Bernardo-Mapocho, señala que se ha denunciado este hecho al Ministerio de Transportes: “Informamos sobre los sectores donde se detienen, pero siguen operando impunes”. Sin embargo, admite que en la mañana “no damos abasto por la cantidad de personas que requieren movilización”. La preocupación tiene una base, añaden en el sindicato, pues funcionan en furgones que acomodan a casi 12 personas por viaje, lo que equivale a tres taxis circulando. “Esto nos afecta, porque nos quitan entre el 10 y el 15% de los ingresos”, añade Walter Barrueto, otro conductor.
La situación no es desconocida para la autoridad. Paula Flores, jefa de fiscalización del Ministerio de Transportes, sostiene que ha tenido denuncias también de buses en las terminales, por lo que allí se intensifica el monitoreo. “Además, se ha planteado que existe este tipo de transporte desde comunas alejadas de Santiago, como Peñaflor, donde también hay alta demanda”, sostiene. Pero añade que el lugar donde se concentran los traslados piratas es el aeropuerto de Santiago, donde ha habido protestas de los taxis formales por este hecho. Los retiros llegan a 1.025 vehículos este año en la terminal, la mitad del total sacado de circulación en la ciudad.
